El fiscal anticorrupción Juan Pavía rechazó ayer en la primera jornada del macrojuicio de Pescanova, la petición de la defensa del expresidente de la “vieja” compañía, Manuel Fernández de Sousa, de suspender el juicio e imputar a los bancos que concedieron créditos a la compañía a partir del año 2010 para sanear sus cuentas, ya que consideró que la compañía les “engañó” sobre su situación financiera real. Durante la fase de cuestiones previas en el inicio de la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares sobre la supuesta falsedad en las cuentas de Pescanova, el abogado de Fernández de Sousa planteó la posibilidad de que la causa volviese a la fase de instrucción para que los bancos fuesen citados como posibles responsables a título lucrativo debido a los intereses que cobraron por la concesión de créditos. Sousa, su hijo Pablo Fernández, el exconsejero delegado Alfonso Paz Andrade y otros 16 miembros de la antigua cúpula directiva se sentaron ayer en el banquillo de los acusados.
En los años 2010 y 2011, el volumen de la deuda de la empresa era entre tres y cuatro veces superior a lo que declaraba, según el escrito de acusación de la Fiscalía, una situación que la compañía decidió combatir recurriendo a la financiación bancaria, principalmente. Por ello, el letrado consideró que las entidades bancarias a las que acudió Pescanova “se han lucrado” de esta situación y han de “devolver” los intereses que percibieron como consecuencia de las “prácticas comerciales irregulares” que, según el Ministerio Público, puso en marcha la empresa con el objetivo de esconder el verdadero estado de las cuentas. El abogado llegó a manifestar que si los bancos devolviesen la totalidad de los intereses cobrados, “habría dinero para pagar a todos los perjudicados en este juicio”.
Sin embargo, en la sesión de tarde, el fiscal indicó que decir que la banca se benefició de los hechos por los que la excúpula de Pescanova está investigada y que ha de reembolsar la cantidad correspondiente a los intereses cobrados es “desconocer” que la compañía está acusada de delito de estafa engañar a las entidades financieras. El representante del Ministerio Público también defendió que, según sus conclusiones provisionales, los bancos no conocían realmente la situación de insolvencia de Pescanova.
El macrojuicio que sentó a los máximos responsables de la compañía entre 2009 y 2013 continúa mañana en la Audiencia Nacional con la celebración de la segunda de sus 32 sesiones previstas.
