La infraestructura de puntos de recarga públicos en España mantiene un ritmo de crecimiento de unos mil nuevos al mes, pero su número sigue lejos de los objetivos a los que se comprometió España con Bruselas, además de contar con pocos usuarios y falta de potencia. La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) indica que a 30 de junio había 25.106 puntos de recarga operativos en el país, última cifra con la que cuenta la organización y consensuada entre los operadores de instalación, que supone un 16,4% más respecto a los datos de 2022, cuando se anotaron 21.573 puntos.
Además, se estima que hay unos 6.800 puntos de recarga pendientes de ser puestos en servicio, un 8% menos si se tiene en cuenta que finales del año anterior el número ascendía a 7.400. “Teniendo en cuenta tanto los puntos operativos como los pendientes de puesta en servicio, se ha constatado un ritmo de crecimiento en torno a un millar de puntos de recarga públicos al mes en el primer semestre de 2023, que obviamente se habrá acelerado en el segundo porque se van reduciendo las barreras”, comentó el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia.
Suficientes
En caso de activarse todos los puntos de recarga pendientes, la red superaría los 31.000, una cifra todavía lejana al objetivo marcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos, en el que se indicaba que se desplegarían entre 80.000 y 110.000 puntos en 2023, entre aparcamientos y carreteras. Por su parte, Pérez de Lucia considera que la actual infraestructura es “suficiente para el parque de vehículos eléctricos existente”, compuesto por 359.283 coches eléctricos e híbridos enchufables, según el último Anuario de la Movilidad Eléctrica. Para el director general de Aedive, el principal problema que rodea a la infraestructura de recarga pública española es su bajo uso, situado en un 5,7%, que es 1,5 puntos porcentuales superior al final de 2022, cuando fue del 4,2%. “Es cierto que varía según su ubicación y potencia, pero, en general, el uso medio es muy bajo y poco mayor a una hora al día por punto”, lamentó Pérez de Lucia.
Asimismo, el directivo afirmó que un nivel tan bajo de empleo viene producido por el reducido tamaño del parque de vehículos eléctricos, pero también por la importancia de la carga privada. “Hoy en día es mayoritaria, al tiempo que una ventaja competitiva frente al repostaje de combustible, pero es cierto que una gran cantidad de ciudadanos no dispone de su propia plaza de garaje y por tanto, hay que seguir trabajando para implementar una recarga pública de oportunidad y alta potencia”, explicó el responsable de Aedive.
El precio de un cargador de 74 KW (kilovatios), junto a su instalación en un domicilio o garaje comunitario, ronda entre los 1.500 y 2.000 euros. Sin embargo, el coste se reduciría en un 70% gracias a las ayudas del Plan MOVES III, dotado de 800 millones para fomentar la movilidad eléctrica, siempre que queden fondos por asignar.
