Los inversores de Antin -fondo de capital riesgo especializado en infraestructuras- pidieron ayer al Gobierno de España que “cumpla la ley y pague” su deuda después de que el Tribunal Superior de Londres haya reconocido un laudo que obliga a abonarles 120 millones de euros por las pérdidas sufridas cuando en 2013 redujo unas ayudas de 2007 a la energía renovable.
Nick Cherryman, abogado de Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar -los receptores del llamado laudo Antin-, celebró una “decisión histórica” que sienta un precedente para otros demandantes afectados por la retirada retroactiva de esas primas. “España ha fracasado en su último intento por eludir su responsabilidad legal de pagar a nuestros clientes la deuda que les corresponde”, declaró.
“Nuestros clientes esperan que opte ahora por respetar la decisión del tribunal, cumplir con la ley y pagarles a ellos y a otros inversores en energías renovables”, añade.
El juez Peter Fraser del Tribunal Superior rechazó ayer la petición de España de anular la Orden de registro en Inglaterra de ese laudo arbitral a favor de Antin, firmada el 29 de junio de 2021 por su colega Sara Cockerill y que analizó en un juicio a finales de marzo.
El magistrado desestimó los argumentos de la parte española de que tenía “inmunidad soberana” en la jurisdicción inglesa y de que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea (UE) revocaba sus obligaciones adquiridas bajo el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el Tratado de la carta de la energía (TCE) de 1994.
El dictamen, que en principio puede ser recurrido, abre la puerta a los fondos que en 2011 financiaron las plantas Andasol 1 y 2 en Granada para que ejecuten en territorio inglés el laudo emitido en 2018 por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) en Washington (EE.UU.), institución dependiente del Banco Mundial. Antin invirtió en 2011 139,5 millones de euros en la construcción de las grandes plantas Andasol y consideraba que “sus intereses económicos se vieron perjudicados” al revocarse los incentivos.
