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Los desahucios se "frenarán" durante el estado de alarma

Un niño sujeta un cartel en una concentración contra un desahucio.
photo_camera Un niño sujeta un cartel en una concentración contra un desahucio.
El nuevo decreto del Gobierno obliga a las comunidades autónomas a ofrecer una vivienda alternativa

El Gobierno prevé paralizar los desahucios a las familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma mediante un decreto ley que se aprobará cuanto antes en el Consejo de Ministros. Según informaron ayer fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, competente en vivienda, ambos departamentos alcanzaron este acuerdo un día después de retirarse la enmienda a los presupuestos generales que Unidas Podemos presentó junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios hasta el 2022.
En virtud de esta medida, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna, incluidas aquellas que viven como okupas en casas de propietarios con más de una decena de viviendas. En este caso, precisan fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

“no podrá ser un albergue"
Las autonomías se encargarán de ofrecer esta alternativa habitacional que será siempre una vivienda digna, es decir, que no podrá ser un albergue, según precisa la Vicepresidencia. Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan garantizado su realojo.
Por su parte, desde el Ministerio de Transportes remarcan que la normativa no solamente afecta a aquellas personas que vayan a ser desahuciadas como consecuencia de la crisis, sino también a las que arrastraban esa situación vulnerable desde un momento anterior.
Por otro lado, la "condición de vulnerabilidad" la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio.
En consecuencia, el real decreto no amparará la prohibición de todos los desahucios, como pedía inicialmente Podemos, sino solo a los que afectan a las familias más vulnerables. Tampoco se incluye la prohibición del corte de suministros en el caso de impagos. 

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