El 10 de febrero de 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la reforma laboral. Ocho años después el Gobierno en coalición de PSOE y Podemos afronta la contrarreforma con una derogación que dará sus primeros pasos mañana mismo con la supresión del despido objetivo estando de baja médica. "Lo valoramos de manera positiva pero el Gobierno ya está descafeinando su discurso porque donde dijo derogación ahora habla de cambiar puntos lesivos", indica Alberte Gonçalves, secretario comarcal de la CIG.
Otro de esos punto calientes que los sindicatos piden abolir de manera inmediata es el de los convenios colectivos en el que prevalece el de empresa sobre el de sector. "Lo que ha provocado es que algunos empresarios se aprovechan de esta medida para hacer descuelgues del convenio. Se ha convertido en una jungla y tenemos que jugar todos en las mismas condiciones", apunta Amelia Pérez, secretaria comarcal de CC OO.
Su hómologo en UGT, Ernesto Fontanes, considera que "no hubo nada que en su día justificara esta reforma laboral y hoy en día tampoco hay motivos para mantenerla". "Sin paños calientes, pedimos una derogación total", zanja.
No opinan igual los empresarios, que defienden que sí ha sido efectiva porque "ayudó a superar una crisis brutal". "Con la reglamentación anterior a 2012 seguramente muchas compañías hubieran cerrado", indica Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), que admite que "se ha precarizado un poco el puesto de trabajo pero de la otra manera se habría perdido". Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla considera que la reforma laboral "fue oportuna" y cree que es "demasiado empezar a hablar de una derogación de forma tajante". "Habrá que hacerlo de una manera natural, con diálogo social", señala. Cebreiros se manifiesta en esta misma línea y ve un error que España "tenga que funcionar con derogaciones cada cuatro años".
Menos paro, peores contratos
Los empresarios tiran de la estadística que muestra un menor número de parados hoy que hace ocho años y más personas con trabajo. Cierto, en Vigo hay hoy 8.300 ocupados más que en 2013 (el primer año completo desde que se implantó la reforma) y 16.900 parados menos, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). ¿Pero a qué precio?, se preguntan los sindicatos. "La reforma supuso una gran precarización social, más contratos temporales y a tiempo parcial sobre los indefinidos y una gran rotación", indica Amelia Pérez, a lo que UGT añade "una apertura de puertas al ERE libre" sin que la Administración tenga que intervenir. Llegados a este punto, los representantes de los trabajadores reclaman "volver al lugar de partida inicial para comenzar a negociar desde el principio", señala la CIG.
Y si en algo están de acuerdo los agentes sociales es que la reforma laboral no es la culpable de todos los males de la economía y tampoco de la crisis industrial de Vigo. "En el naval, por ejemplo en Vulcano y en Barreras, incidió también la mala gestión y la incapacidad de los dueños de las empresas", señala la secretaria comarcal de CC OO, que apunta también a la actitud "de perfil" por parte de la Xunta en cuanto a este sector. "En la comarca de Vigo se está desmantelando la economía industrial en favor del sector servicios, que es precario y estacional", indica Gonçalves, de la CIG.
Por su parte, la patronal provincial pide "dejar de demonizar" a la reforma laboral y recuerda que "la economía a nivel mundial se ha globalizado y que hay nuevos modelos de negocio que tiran hacia abajo los salarios y no sólo en España". "Cuando empezamos la crisis no existía Amazon", dice Cebreiros, al tiempo que defiende que derogar los despidos por absentismo laboral "no causaría ningúna problema" porque los juzgados de Vigo apenas han llevado casos.
"Reformar por reformar no es oportuno"
El Juez Decano de Vigo, Germán Serrano, considera que la reforma del 2012 y también la del 2010 "reforzaron la seguridad jurídica" y defiende "modificar las cosas que no funcionan, pero reformar por reformar, no". "Hay que hacerlo con cabeza y con planificación, analizando aquellos aspectos que han podido resultar más problemáticos o lo que no haya ofrecido seguridad jurídica", señala el juez de lo Social.
"Hay que dar respuesta con mentalidad de 2020"
El jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra, José María Casas de Ron, hace una crítica a que en España "se ha legislado siempre en época de crisis". Así, el experto en materia laboral considera que "hay que tener visión de futuro y dar una respuesta p con una mentalidad de 2020" tanto por parte los agentes sociales como del legislador. "El Estatuto de los Trabajadores ha tenido más de 45 reformas y la mayoría fueron parches".
