La relación entre la Comisión Europea (CE) y las grandes empresas tecnológicas estadounidenses se ha visto deteriorada en los últimos meses con motivo de varias fricciones que abarcan desde la tributación declarada por su actividad en los estados miembros hasta la persecución de operaciones monopolísticas.
El último ejemplo de estas desavenencias ha llegado con la compra por parte de Google de la empresa tecnológica de salud y deporte Fitbit, una operación que ha motivado la apertura esta semana de una "investigación en profundidad" por parte del Ejecutivo comunitario. El temor de las autoridades de competencia es que esta adquisición aumente aún más la ya amplia "posición de Google en los mercados de la publicidad en línea, aumentando el volumen de los datos que Google podría utilizar para personalizar su publicidad que propone o muestra", según defendió la Comisión el pasado 4 de agosto.
ABSORCIÓN
La absorción, cerrada en 1.781 millones de euros, supondría además la obtención de datos personales "esenciales sobre la vida y la salud de los usuarios de los dispositivos" de millones de ciudadanos, lo que levantó críticas entre entidades europeas de privacidad digital como Access Now, EDRi o Privacy International.
Pese a que la multinacional norteamericana se ha comprometido a "no utilizar los datos de Fitbit para publicidad", su posición en el sector de la publicidad online es "de lejos" la más poderosa en la UE, con "más de un 70 % del mercado" entre 2006 y 2016, según subrayó la Comisión tras imponerle una multa de 1.490 millones de euros en marzo de 2019. "Mediante la imposición de restricciones contractuales contrarias a la competencia en sitios web de terceros, Google ha reforzado su dominio en la publicidad de búsqueda en línea y se ha protegido de la presión de la competencia", defendió tras imponer la multa la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
Otro de los asuntos principales sobre la mesa es el del bajo nivel de impuestos que tributan la mayoría de gigantes tecnológicos en relación a sus ingresos en el mercado europeo, un caballo de batalla que varios países ya contemplan regular en su mercado interno con la denominada tasa digital o tasa Google. A nivel comunitario, los esfuerzos de la Comisión han ido en la línea de una tributación más severa y acorde a los ingresos, pero un reciente golpe judicial y la resistencia de varios países que ofrecen una baja fiscalidad a las empresas a cambio de que se asienten en su territorio complica el margen de maniobra del Ejecutivo.
Así, el pasado 15 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea sentenció que la decisión de la Comisión de pedir a Irlanda la recuperación de 13.000 millones de euros más intereses en impuestos no abonados por Apple entre 2003 y 2014 era ilegal.
El litigio se remonta a 2016, cuando la CE concluyó que dos pactos fiscales concedidos a Apple por la isla en 1991 y 2007 le permitieron "reducir sustancialmente y de forma artificial los impuestos" que pagaba, llegando a abonar una tasa efectiva del 0,005 % en 2014 aunque el impuesto de sociedades es del 12,5 %.n
