El real decreto, que entra en vigor mañana, obligará a las entidades financieras a asumir el pago
n n n El Gobierno aprobó ayer un real decreto para que sea la banca y no el cliente la que asuma el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, tasa que las entidades no podrán deducirse ya que también se ha modificado el impuesto de sociedades.
El decreto, que entrará en vigor el sábado tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado, modifica el artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto. Y viene acompañado por un cambio en el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la urgencia de estos cambios por la "confusión" generada después de que el Tribunal Supremo dictaminara que son los ciudadanos quienes tenían que abonar el impuesto, pese a que previamente lo había asignado a la banca. El decreto tiene como "único" objetivo "que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos", ha añadido.
La rectificación del Supremo sobre su sentencia anterior "generó una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el mercado hipotecario", según dio Montero, y el Gobierno, "desde el respeto a la justicia y a la separación de poderes", lamenta el cambio de criterio. Pero, como dijo el presidente Sánchez el miércoles, "ayer habló el poder judicial y hoy lo hace el Gobierno", que tiene que garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, dos cuestiones que quedaron en entredicho estas ultimas semanas.
con carácter de urgencia
La urgencia de la medida se justifica por la confusión con la controvertida sentencia y la necesidad de clarificar en el futuro la normativa acerca del sujeto pasivo de este impuesto. Si no se ha planteado su eliminación, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, ha explicado la ministra, es porque aporta unos 2.000 millones de euros que se destinan a sanidad, educación y dependencia. Los que abogan por su eliminación tendrán que plantear qué instrumentos alternativos ofrecen para estos recursos, o "tendremos que pensar" que quieren limitar el Estado del bienestar.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó por su parte que incluso antes de conocerse la "controvertida" sentencia del Supremo el Gobierno ya había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen.
La ministra de Hacienda confirmó también que el Ministerio de Economía anunciará en unas semanas la puesta en marcha de una autoridad para evitar que las entidades financieras apliquen cláusulas abusivas para contrarrestar el pago del impuesto.
En este sentido, la agencia de medición de riesgos Moody's ha asegurado que la banca aplicará "con toda probabilidad" costes adicionales a sus clientes de préstamos hipotecarios, para compensar el pago de este gravamen, que por otro lado tendrá un "impacto limitado" en sus cuentas de beneficios, ya que cuentan con mecanismos para proteger sus márgenes.
Montero está confiada en "no tener dificultades" para la convalidación del decreto, ya que los grupos políticos se han mostrado partidarios de la defensa del consumidor.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió ayer de que modificar la ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante un decreto leypodría ser inconstitucional. El líder del PP, Pablo Casado, acusó al Gobierno socialista de "engañar" a la gente porque el impuesto sobre hipotecas lo acabará pagando finalmente el ciudadano que adquiera una vivienda. Por eso, ha defendido de nuevo la supresión de este impuesto, lo "responsable y sincero".n
