El caso Neymar incendia Brasil

Rosell y Neymar. (Foto: EFE)
El fichaje de Neymar por el Barcelona desencadenó ayer una guerra dialéctica con constantes desmentidos entre el jugador brasileño y el club Santos sobre esa operación que ahora está bajo investigación en España y Brasil.
El presidente del Santos, Luis Álvaro de Oliveira, que está apartado del cargo por baja médica, aseveró ayer con duras palabras que el padre de Neymar negoció con el Barcelona a sus espaldas y sin su consentimiento en 2011, lo que estaría en contra de los estatutos de la FIFA. Pocas horas después, la web oficial de Neymar publicó un documento fechado el 8 de noviembre de 2011 supuestamente firmado por Oliveira, en el que se autoriza expresamente a Neymar a negociar con cualquier club, brasileño o extranjero. La única condición impuesta por el Santos en ese documento es que Neymar se comprometiera a que la transferencia se efectuase en 2014, cuando vencía su contrato con el equipo brasileño.

El documento escaneado, en cuyo encabezado aparece escrito a mano 'Anexo 1', tiene estampados los sellos del Barcelona y del Santos, además de seis rúbricas. Oliveira dijo que el padre de Neymar es 'insaciable' y quería sacar beneficios hasta en una operación para renovar el césped del Vila Belmiro, estadio del Santos.


LA FISCALÍA BRASILEÑA INVESTIGARÁ

Mientras, la Procuraduría (fiscalía) de la ciudad brasileña de Santos anunció ayer la apertura de una investigación para determinar si se cometieron delitos tributarios en el traspaso de Neymar del Santos al Barcelona. La fiscalía solicitó informaciones al fisco sobre la situación de la empresa N&N Consultoría Deportiva y Empresarial, propiedad del padre del jugador, Neymar da Silva, que cobró la mayor parte del montante del fichaje.

Los datos facilitados por la Hacienda brasileña 'indicarían la existencia de débitos tributarios' de N&N con el fisco, según la nota.No obstante, en el curso de las investigaciones la fiscalía no ha podido averiguar todavía 'de forma consistente' la situación actual de esas deudas.

Las autoridades también estudian solicitar informaciones a la fiscalía de España, que también ha abierto una investigación, para aclarar la divergencia entre el valor que fue inicialmente anunciado y el que realmente se pagó.

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