El reparto de fondos del Gobierno deja fuera a parte del sector educativo
n n n La educación concertada se reguló en España a través de la Ley Orgánica 8/1985 un 3 de julio y a su camino la polémica siempre ha estado presente. Fue el Gobierno socialista de Felipe González el que dio luz verde a una ley que regulaba el régimen de conciertos a través del cual se materializaba el sostenimiento público de los centros privados concertados que, junto con los públicos, "contribuyen a hacer eficaz el derecho a la educación gratuita".
La LODE destacaba que se cumplía con ello el mandato constitucional del derecho a la educación, la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen más oportuna para sus hijos, el derecho a la libertad de cátedra y la libertad de conciencia. Entonces se alegó que como la educación obligatoria se ampliaba de los 14 a los 16 años, se necesitaban más centros para abarcar a todos los estudiantes y por ello se financiarían con fondos públicos algunos que hasta entonces eran privados.
Pero desde 1985 la polémica acompañó a los centros concertados, especialmente al estar muchos dirigidos por congregaciones y movimientos religiosos, porque algunos diferencien por sexo a sus alumnos. También porque en algunas nuevas zonas urbanísticas de algunas comunidades se crean este tipo de colegios en lugar de hacer centros públicos.
En la norma vigente, la Lomce o "ley Wert", se especifica que si hay "demanda social" se puedan crear estos centros concertados, dos palabras que la reforma educativa de la Lomloe o "ley Celaá" quiere eliminar.
Este 3 de julio, el rifirrafe sobre los centros educativos ha vuelto al Parlamento, ya que los partidos no se ponen de acuerdo, entre otros, en un punto relativo a ellos para el documento sobre Reconstrucción Social y Económica.
PSOE y Unidas Podemos fijan que la totalidad del incremento de la inversión para educación (2.000 millones) irá destinado "a la educación pública de gestión directa". No obstante, PP, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria y Junts per Catalunya, principalmente, rechazan que los centros concertados no puedan acceder a esas ayudas y tachan al Ejecutivo de sectarismo o de atacar la libertad de los padres. Los sindicatos de centros concertados también entran en la polémica quejándose de "discriminación" pues alegan que el confinamiento por la covid-19 ha afectado por igual, aducen, a los alumnos de centros públicos y concertados.
La educación concertada tendrá que esperar a ver qué decide este mes el pleno del Congreso en la votación definitiva del documento sobre Reconstrucción Social y Económica. n
La LODE destacaba que se cumplía con ello el mandato constitucional del derecho a la educación, la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen más oportuna para sus hijos, el derecho a la libertad de cátedra y la libertad de conciencia. Entonces se alegó que como la educación obligatoria se ampliaba de los 14 a los 16 años, se necesitaban más centros para abarcar a todos los estudiantes y por ello se financiarían con fondos públicos algunos que hasta entonces eran privados.
Pero desde 1985 la polémica acompañó a los centros concertados, especialmente al estar muchos dirigidos por congregaciones y movimientos religiosos, porque algunos diferencien por sexo a sus alumnos. También porque en algunas nuevas zonas urbanísticas de algunas comunidades se crean este tipo de colegios en lugar de hacer centros públicos.
En la norma vigente, la Lomce o "ley Wert", se especifica que si hay "demanda social" se puedan crear estos centros concertados, dos palabras que la reforma educativa de la Lomloe o "ley Celaá" quiere eliminar.
Este 3 de julio, el rifirrafe sobre los centros educativos ha vuelto al Parlamento, ya que los partidos no se ponen de acuerdo, entre otros, en un punto relativo a ellos para el documento sobre Reconstrucción Social y Económica.
PSOE y Unidas Podemos fijan que la totalidad del incremento de la inversión para educación (2.000 millones) irá destinado "a la educación pública de gestión directa". No obstante, PP, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria y Junts per Catalunya, principalmente, rechazan que los centros concertados no puedan acceder a esas ayudas y tachan al Ejecutivo de sectarismo o de atacar la libertad de los padres. Los sindicatos de centros concertados también entran en la polémica quejándose de "discriminación" pues alegan que el confinamiento por la covid-19 ha afectado por igual, aducen, a los alumnos de centros públicos y concertados.
La educación concertada tendrá que esperar a ver qué decide este mes el pleno del Congreso en la votación definitiva del documento sobre Reconstrucción Social y Económica. n
