El pasado 26 de abril, el asesor jurídico del Concello de Ponteareas aportaba el informe del Secretario municipal cuyas conclusiones señalan textualmente: “a parcela sobre a que se está levando a cabo a obra do “Proxecto Rede urbana de Calor Biomasa-Fase I”, non está inscrita no Rexistro da Propiedade a nome do Concello de Ponteareas”. Y hace constar que, este Concello, cuenta con un inventario municipal de bienes del año 1958 que “urxe actualizar” para tener un “maior control e seguimento sobre os bens municipais”. Y lo hacía después de que, el 31 marzo, el Juzgado de lo Contencioso 2 de Pontevedra, requiriese, por segunda vez, al Concello de Ponteareas para que aportase el título de propiedad justificativo de la titularidad que dice ostentar sobre los terrenos donde se construyó la planta de biomasa y la copia del inventario de Bienes Municipales en la que figure la inscripción en favor del Concello de dichos terrenos, o en su defecto, que indicase las causas que impiden su cumplimentación.
El secretario municipal sí reconoce que “no Rexistro da Propiedade consta inscrita a finca que afecta a Rúa Oriente, 12 -Casa Fontán e horta, figurando como titular Ceferino Fontán González (suegro de Carmen Palacios), según inscripción de 13 de maio de 1911”, demostrando, como ya se había denunciado desde el inicio de las obras, que el Concello de Ponteareas “no es propietario” de los inmuebles y terrenos pertenecientes a la Fundación Carmen Palacios. “Dato importantísimo que abre la puerta a mayores denuncias” por parte de afectados por la central de biomasa pegada a sus viviendas. Denuncias que podrían ser vía penal, por posible delito de prevaricación al haber cedido la Comisión de Gobierno (BNG-PSOE), a la Compañía Eléctrica Sestelo, un trozo de terreno para un centro de transformación, sin ser sus propietarios. El 3 de octubre de 2023 está señalado el juicio sobre esta licencia de obra. O denunciar por posible delito de malversación de fondos públicos al construir la Central de Biomasa en propiedad privada; o ir en contra de la alcaldesa por supuesta apropiación, como una de las regidoras de la Fundación Carmen Palacios, de sus bienes en favor del Concello. En cualquiera de los supuestos, el Concello podría perder la subvención recibida de fondos europeos y los ponteareanos pagarían la totalidad de ese dinero (casi 1M de euros).
