El fallo judicial insta al Concello a entregar copia de la documentación solicitada por ACiP
nnn El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra ha dictado sentencia favorable a la denuncia del grupo municipal de ACiP, y condena al Concello de Ponteareas -además de al pago de las costas del proceso-, a entregar de inmediato copia de la documentación solicitada por el grupo municipal de Alternativa Ciudadana de Ponteareas, ACiP, relativa a los partes de turnos realizados por policías locales y auxiliares de Policía durante los meses de julio y agosto de 2019 así como las actas levantadas en 2019 por la Inspección de Trabajo y de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia en la Residencia de Mayores Santa Ana. Contra esta sentencia, cabe presentar recurso de apelación en el plazo de 15 días.
Para el portavoz municipal de ACiP, Juan Carlos González Carrera, la sentencia pone de relieve la falta de trasparencia del alcalde nacionalista Represas, "que oculta y niega documentación a los concejales incumpliendo la ley, y lo que debería ser un trámite más, regulado por ley, el alcalde lo niega reiteradamente obligándonos acudir al juzgado por impedirnos ejercer nuestros derechos".
Durante los últimos 5 años -señala González Carrera-, "se nos ha denegado documentación siendo docenas las solicitudes entregadas, llegando incluso, este concejal, a solicitar una entrevista con el alcalde para intentar no judicializar la política local, advirtiéndole de la situación y que su negativa iba en contra de la ley, pero acabó siempre dando disculpas para seguir ocultando la documentación solicitada, y dando a entender que el Concello es una propiedad privada y olvidándose que los 21 Concejales tienen los mismos derechos, estén en el gobierno o en la oposición". Actitud que desde ACiP califican de "lamentable" para un Concello y siendo en toda regla "una ilegalidad, tal y como manifiesta la sentencia".
Es más, insiste Juan Carlos González, la sentencia dice textualmente que los miembros de la corporación, aunque no formen parte del gobierno municipal, ostentan por ley el derecho de acceso a los expedientes municipales.
En lo concerniente al acta de la inspección de la Residencia Santa Ana dice que es un documento concreto, que tiene relación con un servicio municipal, que es un asunto que afecta sin duda al interés vecinal y por eso: 'No se entiende la razón por la que el Concello se la quiere ocultar a los concejales de la oposición'. Y desde luego, 'la motivación formal que se incluyó en la resolución denegatoria es incorrecta porque el miembro de la Corporación que la solicitó no tiene obligación de indicar más motivos para su obtención que su mero propósito de controlar la acción del gobierno municipal en la gestión del servicio público'.
Y lo mismo sucede con la solicitud de acceso a los partes diarios de la
Policía Local de los meses de julio y agosto de 2019. que se refieren a un período muy concreto. Son 60 folios en total, y su exhibición al concejal se puede realizar de manera rápida y sencilla así como su posterior fotocopia, que se puede realizar en apenas diez minutos. Además, guarda relación directa con el control del gobierno municipal, en la procura de comprobar si ese servicio público esencial se organiza o no de manera eficiente y eficaz.n
Para el portavoz municipal de ACiP, Juan Carlos González Carrera, la sentencia pone de relieve la falta de trasparencia del alcalde nacionalista Represas, "que oculta y niega documentación a los concejales incumpliendo la ley, y lo que debería ser un trámite más, regulado por ley, el alcalde lo niega reiteradamente obligándonos acudir al juzgado por impedirnos ejercer nuestros derechos".
Durante los últimos 5 años -señala González Carrera-, "se nos ha denegado documentación siendo docenas las solicitudes entregadas, llegando incluso, este concejal, a solicitar una entrevista con el alcalde para intentar no judicializar la política local, advirtiéndole de la situación y que su negativa iba en contra de la ley, pero acabó siempre dando disculpas para seguir ocultando la documentación solicitada, y dando a entender que el Concello es una propiedad privada y olvidándose que los 21 Concejales tienen los mismos derechos, estén en el gobierno o en la oposición". Actitud que desde ACiP califican de "lamentable" para un Concello y siendo en toda regla "una ilegalidad, tal y como manifiesta la sentencia".
Es más, insiste Juan Carlos González, la sentencia dice textualmente que los miembros de la corporación, aunque no formen parte del gobierno municipal, ostentan por ley el derecho de acceso a los expedientes municipales.
En lo concerniente al acta de la inspección de la Residencia Santa Ana dice que es un documento concreto, que tiene relación con un servicio municipal, que es un asunto que afecta sin duda al interés vecinal y por eso: 'No se entiende la razón por la que el Concello se la quiere ocultar a los concejales de la oposición'. Y desde luego, 'la motivación formal que se incluyó en la resolución denegatoria es incorrecta porque el miembro de la Corporación que la solicitó no tiene obligación de indicar más motivos para su obtención que su mero propósito de controlar la acción del gobierno municipal en la gestión del servicio público'.
Y lo mismo sucede con la solicitud de acceso a los partes diarios de la
Policía Local de los meses de julio y agosto de 2019. que se refieren a un período muy concreto. Son 60 folios en total, y su exhibición al concejal se puede realizar de manera rápida y sencilla así como su posterior fotocopia, que se puede realizar en apenas diez minutos. Además, guarda relación directa con el control del gobierno municipal, en la procura de comprobar si ese servicio público esencial se organiza o no de manera eficiente y eficaz.n
