Ir a abortar a Londres

Hace unas semanas veía una secuencia, ambientada en el año 1977, de una conocida serie de TVE que habla de la historia más reciente de nuestro país, a una mujer que acudía a una agencia de viajes a comprar un billete de avión para ir a abortar a Londres.
Pensó ser la única, pero al llegar allí se dio cuenta de que muchos aviones iban llenos de españolas que, aunque no podían ejercer libremente este derecho en su país, se les facilitaba mirando para otro lado que lo hiciesen en otro. Así pues, ‘cursos de idiomas en Londres y vacaciones en casa de la tía María que vive en Inglaterra’ se convirtieron en palabras clave para esconder lo que para una buena familia católica, apostólica y romana de la época era una vergüenza. Esas eran las afortunadas pero, ¿qué ocurría con aquellas que no tenían recursos para hacerlo más allá de nuestras fronteras? Pues que lo hacían en precarias condiciones poniendo en riesgo en muchas ocasiones su propia vida. Después llegó la ley del aborto y casi 25 años después, una reforma que equipara los derechos a la hora de interrumpir voluntariamente el embarazo de las españolas con las de otros muchos países europeos. Durante estos últimos meses se ha hablado mucho del tema y algunas de las cuestiones que se han repetido hasta la saciedad han sido que: 1.Una ley de plazos conllevará un incremento en el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Esta afirmación es rotundamente falsa, puesto que las estadísticas indican que los países con menor tasa de abortos de todo Europa han incorporado este modelo a su ordenamiento jurídico hace años. 2.¿Cómo va a decidir una niña de 16 años por sí misma si continúa o no con su embarazo sin contar con el consentimiento de sus padres? Porque esta decisión afectará al resto de su vida y además quizás deberían saber que una Ley aprobada en el 2002 permite que esa misma mujer, a la que ustedes llaman niña, si no lo desea no pueda ser obligada por sus padres a someterse a un tratamiento contra el cáncer o por ejemplo que no necesita el consentimiento de los mismos para someterse a una operación de cirugía estética.

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