El Ayuntamiento integra la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que controla las posibles infracciones
nnn La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, firmó con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, y los regidores de los ayuntamientos de Ames y Guitiriz, su adhesión a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) que integran 89 municipios gallegos.
La Aplu tiene por objetivo velar por la legalidad urbanística y el control de las posibles infracciones, siendo un ente que está al servicio de los ayuntamientos para garantizar la protección del territorio y el respeto a la legalidad vigente. Ángeles Vázquez explicó que, en virtud de estos convenios, los ayuntamientos delegan en la Aplu las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a obras que se ejecuten sin licencia siempre que estén en suelo rústico no urbanizable y suelo urbanizable o apto mientras no sea aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, y en núcleos rurales delimitados en el Pgom. Por otro lado, la Aplu transferirá al ayuntamiento un 10% del producto de las multas coercitivas y sanciones. El objetivo es seguir incorporando nuevos ayuntamientos a esta agencia y fomentar la colaboración con los ayuntamientos adheridos, ya que los resultados muestran que la actuación conjunta es sinónimo de éxito. A modo de ejemplo, la conselleira argumentó que en 2019, último balance completo disponible, bajó el número de expedientes resueltos, lo que denota un aumento de la concienciación de la población y un ejercicio más, el número de ejecuciones subsidiarias, las realizadas por los particulares, fue de un 95 por ciento. n
La Aplu tiene por objetivo velar por la legalidad urbanística y el control de las posibles infracciones, siendo un ente que está al servicio de los ayuntamientos para garantizar la protección del territorio y el respeto a la legalidad vigente. Ángeles Vázquez explicó que, en virtud de estos convenios, los ayuntamientos delegan en la Aplu las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a obras que se ejecuten sin licencia siempre que estén en suelo rústico no urbanizable y suelo urbanizable o apto mientras no sea aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, y en núcleos rurales delimitados en el Pgom. Por otro lado, la Aplu transferirá al ayuntamiento un 10% del producto de las multas coercitivas y sanciones. El objetivo es seguir incorporando nuevos ayuntamientos a esta agencia y fomentar la colaboración con los ayuntamientos adheridos, ya que los resultados muestran que la actuación conjunta es sinónimo de éxito. A modo de ejemplo, la conselleira argumentó que en 2019, último balance completo disponible, bajó el número de expedientes resueltos, lo que denota un aumento de la concienciación de la población y un ejercicio más, el número de ejecuciones subsidiarias, las realizadas por los particulares, fue de un 95 por ciento. n
