Víctor González, el guardia civil que acabó con la vida de su expareja, Ana Vanessa Serén, de 44 años, el pasado fin de semana en Oia, utilizó una escopeta no registrada ni en España, ni en Portugal, tal y como confirmó ayer la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. El hombre, que tenía retirado el arma y el permiso y con una orden de alejamiento y comunicación de la víctima, contrató una furgoneta con los cristales tintados y permaneció durante horas oculto frente al camping donde ella trabajaba.
Fue la propia directora del establecimiento O Muiño, Beatriz González, la que aseguró ayer a los medios que la furgoneta había sido vista por la mañana por varias personas. Pero no fue hasta primera hora de la tarde cuando el asesino salió del vehículo para matar a tiros a Ana Vanessa, un crimen del que fueron testigos varios menores.
El hombre después se quitaría la vida con el mismo arma utilizado para el asesinato, después de verse acorralado en un monte en Valga. Había huido del lugar tras disparar mortalmente a Ana Vanessa, aunque personal del camping ya había apuntado la matrícula.
Víctor y Vanessa habían residido en A Guarda pero hace unos meses que habían puesto fin a su relación tras interponer ella una denuncia por violencia de género. No era la primera. Según especificó ayer el Tribunal Superior de Xustiza, no llegó a ser juzgado. El caso comenzó en el l Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo el pasado 5 de abril, donde se acordó su puesta en libertad y orden de protección a la víctima (prohibición de comunicación y alejamiento). No se celebró ningún juicio rápido porque ella denunció dos episodios violentos y el juzgado no disponía de los informes necesarios. Así, Vigo se inhibió en el juzgado de Tui, al ser el partido judicial donde residía la víctima y se abrieron diligencias, requiriéndole para que aportara el parte de lesiones. Este fue entregado el pasado 23 de mayo y el 24 el juzgado lo remitió al Imelga para el informe.
Su abogada solicitó una semana antes del crimen que la mujer pudiera acceder al domicilio de su expareja para recoger sus cosas. El juzgado lo acordó al día siguiente, indicando que sería auxiliada por agentes para garantizar su seguridad.
Sin embargo, Víctor, que seguía trabajando, pero en labores administrativas, quebrantó la orden de protección el pasado sábado. A pesar de las 56 actuaciones de las Fuerzas de Seguridad realizadas para llamar o entrevistarse con la mujer (en el sistema Viogén por riesgo medio) y garantizar su seguridad, él pudo esquivar las medidas. No llevaba puesta pulsera telemática. Fuentes del TSXG aseguraron que no se le impuso este dispositivo de control porque no lo pidió ni el fiscal, ni las partes y, por tanto, el juzgado no la puede adoptar si no se solicita, al igual que ocurre con los ingresos en prisión.
El coronel Simón Venzal, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, aseguró ayer que todos "lamentamos muchísimo" que el autor del crimen haya sido uno de sus agentes. "Condenamos todos estos crímenes y lamentamos que, en este caso, fuera un guardia civil", señaló Venzal, que participó ayer en la concentración en la Subdelegación.
