También el derecho a huelga

También el derecho a huelga

Escuchando las noticias tengo la terrible sensación de viajar en el tiempo hacia la década de los setenta del pasado siglo. Era aquel tiempo donde cada mañana nos despertábamos con la esperanza de que la dictadura hubiera terminado. Entonces cada rayo de libertad nos parecía un paso hacia la luz, las libertades y el progreso. En estos amaneceres de agosto, corriendo hacia el primer cuarto del nuevo siglo, la dictadura se llama crisis y las esperanzas van vestidas de desolación.
Cada vez que un ministro, en cada aparición más semejante a aquellos tecnócratas de antaño, anuncia que la crisis está entubada en la UVI, en estado catatónico, sin esperanzas de volver a dictar leyes, me gustaría creer que llega el tren de la recuperación. Sin embargo, como aquellos signos autárquicos, que las suecas y sus biquinis pusieron patas arriba sin destruirlos, veo los de ahora pisoteando con las botas de la crisis las libertades alcanzadas con tanto esfuerzo.
¿Cuánto nos costó conseguir el derecho a huelga, decretado en 1977? El balance está diluido en las hemerotecas. Y muchos movimientos del ayer hasta pueden parecer cómicos hoy. En 1972 se me ocurrió escribir una pieza de teatro, “El vendedor”, que estrenó el grupo “Esperpento”. En una escena central el protagonista se declaraba en huelga y el policía le pegaba –la censura quitó “con la porra”- y aquel pronunciamiento levantaba al público de las butacas aplaudiendo a rabiar su valentía. Después de una docena de representaciones apareció la “policía social” y puso fin al espectáculo y a la reivindicación. ¿No se parece esto a la toma de EL Prat por el Gobierno para finiquitar una huelga constreñida por las circunstancias económicas?
La huelga de los trabajadores de la empresa EULEN, quienes se ocupan de los filtros de seguridad en los aeropuertos, está siendo masacrada con el mismo autoritarismo del pasado. Es un mal síntoma que se decreten servicios mínimos del 90% de su plantilla de El Prat. Esto, por sí mismo, revela que, sin convocatoria de paros, el servicio se realiza habitualmente bajo mínimos. Y da la razón al personal cuando reclama un aumento de la plantilla para hacer frente con garantías de calidad y eficacia.
Al mismo tiempo, si se respeta, como parece que sucede, ese porcentaje de empleados trabajando, la presencia de la Guardia Civil, para cubrir el hipotético 10% con derecho a no acudir, es realmente innecesaria, y ofrece la idea de ser coercitiva hacia los huelguistas. Y en el colmo de la alergia a la huelga, se convoca y reúne un consejo de ministros urgente, en vacaciones y por primera vez en la historia de España, para intervenir directamente en un problema laboral. 
¿Qué nos cuenta toda esta secuencia? Uno, que la seguridad de lo público nunca debió de dejar de ser pública. Dos, que la privatización del servicio se parece bastante a un compadreo administración/empresarios. Tres, el autoritarismo del Gobierno frente a los trabajadores, quienes a la vista del final de la crisis reclaman la conclusión de sus sacrificios económicos. Y cuatro, que el derecho a la huelga también está en la lista de “vicios” a combatir por el nuevo orden.