Opinión

El difícil equilibrio del PSOE

Los ladrones de gallinas e, incluso, los estafadores de guante blanco van a la cárcel apenas probado el delito. Sin embargo estamos descubriendo que el robo de un territorio genera un conflicto frente al que las leyes tienen menos valor que un juguete roto. Pero no por la legislación en sí misma, sino por la falta de decisión de unos y el arrojo de otros. 
En el conflicto catalán se han conjurado las ineptitudes y temores del Gobierno del Estado con las osadías irresponsables del ejecutivo de  la Generalitat. El resultado es la evidencia de una indefensión inédita de la ciudadanía frente a los poderes establecidos legalmente. Las dos representaciones públicas, central y autonómica, han dinamitado los marcos jurídicos que debieran protegernos garantizando la convivencia en igualdad. 
Y no vale la pena entrar en detalles y discusiones de quién es o ha sido más transgresor durante el desarrollo del conflicto, desde la zancadilla del PP al Estatut hasta la falsedad del referéndum y, puede, la declaración de independencia. La realidad es que hemos visto dos millones de exaltados en las calles, mientras no escuchábamos a cinco millones de ausentes. Hemos visto urnas llenas de papeletas antes de comenzar las votaciones. Hemos visto depositar votos sin control en las plazas y a Puigdemont darlos por legales. Hemos escuchado a Soraya Sáenz de Santamaría negar la realidad con el mismo aplomo de un inquisidor. Hemos descubierto cómo los mossos han jugado para que las fuerzas de seguridad del Estado se vieran enfrentadas a los manifestantes, no tan pacíficos como asegura la propaganda oficial… Y ahora vemos que esa cara agria, buscada, del conflicto se está convirtiendo en la falsa moneda con la que se compra y se vende el problema.
Las cargas policiales han formado parte de la estrategia del ratón, calculada y empleada por la Generalitat. Y les ha salido perfecta. Con ella han captado el interés internacional y le han dado al conflicto político dimensión de orden público. Por tanto, hacerle el juego a los insurrectos criminalizando la torpeza del equipo de Rajoy puede aceptarse como un lavado de manos en el aguamanil de Poncio Pilatos, pero carece de fundamento responsable.
Lo fácil, como ha hecho Unidos Podemos, es subirse al carro de la exaltación indignada. Lo oportunista, como hace Ciudadanos, es pedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución, situación de la que esperan obtener réditos electorales. Quien lo tiene más difícil, como suele ser habitual, es el PSOE de Pedro Sánchez. Una vez más debe establecer el equilibrio entre la responsabilidad de apoyar la legalidad vigente y condenar las torpezas de Rajoy y los suyos, sin caer en la demagogia. De ahí esa precipitada intención de reprobar a Soraya Sáenz de Santamaría como responsable de las cargas policiales del pasado domingo.
Sin embargo, a importantes sectores del socialismo les ha parecido inadecuada y extemporánea la iniciativa en medio del conflicto. Parece, social y políticamente, más adecuado solucionar el problema y luego pedir responsabilidades. Un equilibrio complicado en río revuelto. 

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