Trabajadores, robots y pensionistas

Trabajadores, robots y pensionistas

Imaginemos un mundo en el que todas las actividades económicas fueran realizadas por máquinas y robots. ¿Qué pasaría con los seres humanos que no fuesen propietarios de medios de producción? Al no trabajar, ¿dispondrían de medios para alimentarse, vestirse, adquirir una vivienda, formarse, viajar, divertirse… o, por el contrario, estarían condenados a morir de inanición y aburrimiento?

A partir de la revolución neolítica, en la que el hombre pasó de ser nómada —y alimentarse de la caza, la pesca y la recolección— a llevar una existencia sedentaria determinada por las labores agrícolas y ganaderas, la humanidad evolucionó produciendo cada vez mayores excedentes que permitieron a ciertos grupos de personas liberarse del trabajo. Surgieron así las primeras “clases sociales”, cuyos miembros pudieron dedicarse a ocupaciones distintas a las indispensables para la supervivencia: los guerreros, los brujos, y lo que podríamos denominar la “clase dirigente”.

Desde el siglo XX podemos considerar a los pensionistas como una de estas clases, liberada también de tener que trabajar después de toda una vida de esfuerzos. Pero en España las pensiones están técnicamente congeladas tras la entrada en vigor de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, habiendo sido revalorizadas desde entonces tan solo un 0,25% cada año, incluido el 2018. Sin embargo, la amenaza sobre este derecho constitucional (Art. 50 CE: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…” ) no acaba aquí, pues renombrados expertos advierten de la conveniencia de contratar planes privados de pensiones (algo imposible para la inmensa mayoría de los trabajadores, dado su bajo salario), y de la insostenibilidad del sistema público a causa de la disminución de las cotizaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

Se aduce que hace treinta años había casi tres trabajadores en activo por pensionista, que en la actualidad hay dos, y que dentro de otros treinta habrá más pensionistas que cotizantes. Además, los nuevos perceptores reciben una pensión hasta un 30% superior a la de los que se incorporaron al sistema en una fecha tan cercana como el año 2007.

Este pronóstico se fundamenta en el hecho de que nuestro régimen de pensiones es lo que los especialistas denominan un “sistema de reparto”, que consiste en que estas prestaciones se abonan con el dinero procedente de las cuotas que recibe el INSS en el presente. Y se apuntala con el siguiente argumento: las pensiones públicas tenderán a desaparecer o a convertirse en asistenciales porque, ceteris paribus, la ratio cotizantes/número de pensiones contributivas es cada vez menor.

“Ceteris paribus” es una expresión latina, muy utilizada en economía, que significa: “Quedando en el mismo estado las otras cosas”. En esta cuestión, conlleva que permanecen constantes las demás variables que afectan al mantenimiento de un régimen de pensiones dignas. ¿Y cuáles son esas variables que permanecen inamovibles? Entre otras: la cuantía de las cotizaciones por empleado, la exclusión del concepto “productor” (el que produce) y de la obligación de cotizar a los robots (DRAE: “Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas”), la desviación de recursos hacia jubilaciones anticipadas como consecuencia de expedientes de regulación de empleo, el tipo impositivo del impuesto de sociedades, la contribución del estado, etcétera. Todo ello converge en la tesis adoptada como cierta por los actores económicos, políticos y hasta sindicales: “Para que el sistema público de pensiones sea sostenible debe haber más trabajadores activos que pensionistas”. 

No obstante, este discurso obvia que gracias a la informatización y robotización de gran número de actividades económicas, un solo empleado del siglo XXI realiza el trabajo, y crea la riqueza, que ha pocas décadas creaban diez; de modo que si antes se precisaban tres asalariados por jubilado o incapacitado para garantizar la perdurabilidad de las pensiones estatales, adoptando las oportunas reformas, bastará con uno. Y aun con menos; cuando los trabajadores apenas sean necesarios.

Y es que hoy en día, y todavía más en el futuro, el problema no reside en cuántas personas hay en activo, sino en el importe total de las cotizaciones (de humanos y de autómatas) y de impuestos aportados al sistema, y de cómo se distribuye la riqueza y los beneficios que aquellos —y las máquinas de toda índole— generan, entre los propietarios de los medios de producción, el estado y el conjunto de la población, incluidos los pensionistas.

(*) Xabier Vila-Coia es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, carrera en la que fue “Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios”; y Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.​