Taxi drivers

No me consta que aquellos que hemos intentado gestionar los destinos de periódicos y cadenas de televisión locales hayamos salido a la calle a reventar coches, intimidar a transeúntes y violentar la paz urbana cuando fue creada la TVG. En ese momento, un ente estatal, creado con el dinero de todos, y a pérdida, salía a la luz para competir con quienes llevaban décadas tratando de sacar adelante un proyecto propio, en competencia y libre mercado, sometido diariamente al juicio implacable de la audiencia, lectores y anunciantes, únicos árbitros decisores sobre su subsistencia en el sector. Estos medios privados, han tenido que digerir esta desleal competencia. No importa ya si es ruinosa o si la audiencia es grande o pequeña; la televisión estatal (públicas son todas) continúa ahí, compitiendo en desigualdad y contra todo código ético. No me cabe duda que sin ningún interés político…
Hay otros muchos ejemplos de la injerencia e intromisión de lo estatal en el ámbito del mercado de libre competencia y también es bien conocida la multitud de sectores que han tenido que sufrir reconversiones, ya sea por falta de demanda, por el desarrollo tecnológico, o por nuevos hábitos de los consumidores.
A los señores del taxi hay que decirles que su preocupación es razonable y legítima. Todos la entendemos, me consta. Pero flaco favor hacen a su causa con la kale borroka que están armando. Tienen una suerte que otros no han disfrutado: el sector del taxi no está en peligro. Lo que sí lo está, y es una evidencia, es el anacrónico e irracional sistema que ellos solos han estado manteniendo con la compra venta de licencias, a lo que hay que sumar una restrictiva y liberticida normativa que impide transportar a otros particulares a quien quiera hacerlo libremente.
Aún con todo, Europa ha dictaminado que las empresas VTC han de someterse a la legislación estatal propia de este sector, es decir, a contar con la correspondiente licencia para operar. Pues toca competir. La cuestión es que estamos de nuevo en manos del poder estatal, que va a decidir sobre si limita o no el número de licencias que vayan a coexistir. De nuevo, pues, injerencias estatales para amordazar la libre competencia, manejar indirectamente un oligopolio y coartar la libre elección de los ciudadanos, es decir, de su libertad en último término. 
Y pasa lo que pasa. El regulador (en este caso Torra) cede ante el chantaje del que hoy por hoy es todavía un oligopolio y que es bien libre de dejar de trabajar para manifestarse, pero no a costa de impedir que los demás lo hagan. Ahora ¡vamos a Madrid!