Opinión

La pinza y el peine

Pues, sí. Dos utensilios domésticos de lo más habituales, aparentemente inofensivos, aunque todos sepamos que determinadas cosas en manos de la persona inadecuada pueden tener efectos devastadores. 
Pongamos en manos del recaudador de impuestos un inocente peine. Como si de un resorte mecánico se tratara,  se pondrá a “pasar el peine” hasta el atracón. Con el ímpetu propio del que no ve un mañana, inspeccionará, abrirá expedientes y notificará sanciones, siempre con ese lenguaje tan cándido que tienen costumbre de utilizar. Es más, cuando sus superiores toquen a rebato y marquen objetivos, sustituirán el peine por la liendrera, siempre más eficaz. A fin de cuentas, cuando su jornada concluya se irá a su casa con la siempre reconfortante sensación de haber cumplido su trabajo y ganado el sueldo, bueno, ganado ya lo tenía (se trata de funcionarios). 
Parece que hay ahora un nuevo colectivo sobre el que parece toca ahora embestir. Nos hemos enterado que se ha puesto el foco en los colegios concertados y, más concretamente, en las familias que hayan realizado pagos a las Fundaciones vinculadas a éstos, que hayan desgravado estas aportaciones en su declaración, como correspondería al tratarse de entidades sin fines lucrativos y por tanto, sujetos a los incentivos fiscales al mecenazgo. Pero Hacienda dice ahora que no, argumentando que desgravar las donaciones a la concertada es irregular ya que, formalmente, no lo serían, al no considerarlas voluntarias, al recibir por ello una contraprestación, al resultar periódicas cada mes e interrumpirse durante el verano. ¡Como si se impidiese que las aportaciones a cualquier ONG fueses periódicas, fijas y con baja voluntaria en cualquier momento!
Y aquí tenemos la pinza. La pinza que sujeta por el otro lado quienes han tenido siempre en el punto de mira la enseñanza concertada (en su gran mayoría religiosa) y la libertad de elección educativa de niños y padres. El objetivo está claro. Si las deducciones fiscales desaparecen para las familias, obviamente, habrá menos demanda para este tipo de centros y los colectivistas, de nuevo,  habrán ganado. Por cierto, las aportaciones estatales sólo cubren el coste del profesorado de materias obligatorias, no incluye de ningún tipo de infraestructura, calefacción, administración, materiales, servicios adaptados o enfermería y desde su inicio se han reducido, en términos netos (una vez reducido efecto de la inflación), en cifras que ya se acercan al 50%. Y claro, si estas aportaciones no se consideran donaciones para el que las da, tampoco lo serán para el que las recibe, de forma que para los centros constituirán un ingreso de explotación adicional, que debe estar sujeto, cómo no, al impuesto de sociedades. Todo un disparo certero a la educación concertada. Por esta vez, espero que la liendre se resista.

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