Hay principio de acuerdo, al menos lo hay al escribir estas líneas, aunque los sindicatos intentan apretar aún más las tuercas para que su posición inicial sea todavía más cercana al texto último y puedan cantar victoria. De momento, los sindicatos salvan la cara ante sus seguidores, aparecen síntomas de disconformidad en la nueva CEOE del recién llegado Juan Rosell, salva también la cara el Gobierno porque se acepta la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años, que era su principal empeño, y sale bien parada la oposición, que exigía que esa aplicación se hiciera con matices, sin generalizar, y que se revisaran a la baja los años de cotización necesarios para recibir la pensión máxima.
Todos contentos. Han llevado a buen puerto una negociación que llegó a estar bloqueada por la intransigencia de unos y de otros, y finalmente se ha logrado pactar de manera que gobierno, sindicatos, parte de los empresarios y partidos de la oposición hayan ofrecido su cara más flexible, y también más responsable, para llegar a coincidencias que permiten el acuerdo. Otra cosa es que Bruselas respalde la nueva política de pensiones que piensa aplicar el gobierno español, pero esa es otra historia. Importante historia, eso sí, dentro de unos días llega la canciller Merkel y habrá oportunidad de comprobar si la canciller, y Europa a través de ella, miran con buenos ojos ese acuerdo que ha costado tanto esfuerzo.
Si se analiza, se advierte que no tiene tanta enjundia como se podía pensar, pero políticamente es muy importante. No tiene excesiva enjundia porque se amplía la edad de jubilación en dos años, como la mayoría de los países de nuestro entorno, pero se hace de forma gradual, lo que significa que no tendrá vigencia la ampliación hasta el año 2022 o 2023. Segundo, y más relevante, se acorta el plazo de cotización. Es un asunto que han peleado a muerte los sindicatos pero en el que también había puesto el acento el PP, y se ha conseguido. Cualquiera que analice el mercado del trabajo comprende que era una reivindicación justa, aplicada sobre todo a dos sectores que necesariamente debían ser tenidos en cuenta: las mujeres y los jóvenes.
Las mujeres españolas se han incorporado tarde al mundo del trabajo, y por tanto la mayoría de las que hoy trabajan difícilmente podrán cumplir los 35 años de cotización para lograr la pensión máxima el día del retiro; mucho menos si el gobierno se empeñaba en ampliar esos años a 41. En cuanto a los jóvenes, con un 43 por ciento de parados menores de 25 años y centenares de miles de treintañeros que todavía no han conseguido su primer empleo, los 41 años de cotización se convertía en misión imposible.
A la espera de que se confirme que los términos del acuerdo alcanzado la noche del miércoles se convierten en definitivos, hay que sentirse satisfechos del resultado, el mejor posible en las circunstancias actuales. Y que permite a los negociadores apuntarse un éxito.
