El Estatuto para la Autonomía de Cataluña, vigente y aprobado por las Cortes españolas en 2006, en su artículo 29.6 establece que “Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos, en materia de las competencias respectivas, en la forma y condiciones que las leyes establezcan”. Más adelante, en su artículo 122, atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para convocar todo tipo de consultas populares, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución.
En consonancia con lo expuesto, y en desarrollo del 29.6 citado, el Parlament de Cataluña, acaba de aprobar una ley de consultas, “no refrendarias”, que le permite a la Generalitat el llevar a cabo consultas no vinculantes, de todo tipo, a sus representados.
Basándose en tales argumentos, Mas y Junqueras, pretenden convocar a las urnas a los catalanes, en consulta no refrendaria, para que el próximo 9 de noviembre acudan a manifestarse, en cuanto a su intención o no de llegar a independizarse de España. Curiosamente, el derecho al voto se extiende a los catalanes residentes en el extranjero, pero no a los residentes en Comunidades Autónomas españolas, lo que en mi caso no me lo permite mi empadronamiento en Tui, derecho del que si podría hacer uso de estarlo en Valença do Miño (¿).
El gobierno español, argumenta que la consulta es inconstitucional y se basa para ello en el texto del artículo 149.1.32 de nuestra Constitución, anunciando recurrir al TC si el asunto sigue adelante, pero veamos que dice el mencionado texto: 1. El Estado tiene competencia exclusiva para: 32. Autorización para la convocatoria de consultas populares vía referéndum.
Pero, ¿qué diferencia existe entre una consulta popular via referéndum, prohibida por nuestra Constitución a quien no sea el Estado, o una consulta popular no refrendaria? Ese y no otro será el toro a lidiar, por parte de un Tribunal Constitucional, teóricamente independiente, pero cuyos miembros le deben su designación, en este sucedáneo de democracia que padecemos (la independencia de poderes es una coña marinera), a quienes se oponen a la consulta, y habrán de hacerlo más apoyados en la semántica, que en las propias incoherencias de las distintas normas aprobadas sobre el particular, pues los reférendums pueden ser, entre otras divisiones, consultivos o decisorios, y si lo que privase, en cuanto a la interpretación a considerar, fuese el fortalecimiento de la democracia, la autorización en cuanto a simple consulta, sin capacidad vinculante alguna, pudiera ser una salida airosa para el alto tribunal, pues sin llegar al valor que tienen en Suiza, el país mas democrático del mundo, pues allí el poder sí pertenece al pueblo y sus gobernantes son meros gestores, actuando los referéndums como máxima expresión de la voluntad popular, siendo por tanto vinculantes, al menos, sería un avance hacia el conocimiento de una realidad que hoy solo podemos intuir a base de encuestas poco fiables.
Si así fueran las cosas, tanto los partidarios del si como los del no, deberían hacer una amplia campaña, tratando de convencer a los votantes sobre las bondades o maldades de cada una de las opciones, al igual que ha sucedido en Escocia y, finalmente, con el resultado obtenido, no vinculante, el gobierno central actuar procurando que el acercamiento a posturas en equipo, fuera el norte de todos, para marginar definitivamente cualquier intento de desmembración de nuestros comunes intereses patrios.
La solución más correcta, que ya he expresado sucesivas veces, hubiera sido un referéndum nacional, no vinculante, propiciado por el gobierno español, en el que todos los españoles nos manifestásemos sobre el particular, con lo que finalmente habría referéndum para todos, y cada uno podría jugar con las respuestas como mejor le conviniera, tanto catalanes como vascos, como el resto de España, pero siempre después de habernos escuchado a todos en nuestras valoraciones sobre los pros y los contras de las posibles segregaciones, algo para lo que este gobierno, como para tantas otras cosas, ha manifestado hasta la saciedad, no tener, ni el más mínimo vestigio de lo que hay que tener.
Finalmente se convocará el referéndum, el gobierno lo recurrirá, el TC suspenderá la consulta y con ello el carácter “democrático” de España, de nuestro talante, de nuestra capacidad política, de nuestros tribunales y de nuestra Constitución se venderá, por catalanes y vascos, mundo adelante, peor que las imitaciones y falsificaciones chinas de un cutre todo a 100, mientras el sentimiento independentista en ambos, como víctimas de un Estado, poco menos que heredero del fascismo, saldrá enormemente fortalecido y con muchos mas apoyos foráneos, dándonos con un canto en los dientes si ETA no vuelve a la carga y en Cataluña no le sale una réplica todavía mas incendiaria, con alianzas morunas de Kalashnikov y barretina.
¿Se pueden hacer peor las cosas?
