La situación planteada por el Tribunal Supremo suspendiendo de forma cautelar una sentencia propia en firme, transmite con especial crudeza pero con absoluta propiedad el caos en el que se desempeña, la mayor parte de las altas instituciones de la nación y por tanto, la nación misma. El cambio de siglo nos ha pillado con los rulos puestos y el desarrollo sin control aparente de los acontecimientos ha activado una evolución desordenada que nos sume en el vértigo permanente. Nunca que yo sepa la más alta instancia de nuestro ordenamiento jurídico había sido capaz de rebatirse a sí misma, lo que pone de manifiesto la trascendencia de esta decisión para la que la sala competente ha tenido a bien reunir a todos los magistrados aunque en realidad, quien se ocupa de dirimir las situaciones en litigio que afectan a préstamos e hipotecas se reduce a siete miembros. Un abogado amigo que conoce bien este complejo territorio jurídico se maravillaba del truco de conejo y chistera utilizado por el alto tribunal para meter en el frigorífico su propia sentencia. Como quiera que la decisión primera de cargar a los bancos el pago de los gastos de notaría y otros documentos que genera una hipoteca, responde a un contencioso planteado por una asociación municipal de viviendas de Rivas Vaciamadrid, la sala va a someter a dictamen otro caso similar cuya resultado si es en contra, creará jurisprudencia. Puede por tanto ocurrir que la sentencia del Supremo tenga semanas de vida y que vuelvan a repercutir esos gastos en el usuario. Si saber nada de Derecho y mucho menos de esta parcela del Derecho, sospecho para mis adentros que esta sería la situación más apropiada. En realidad los bancos dejan el dinero, pero los gastos de notaría -aunque salgan de ese préstamo- son responsabilidad del cliente.
El problema sin embargo no es quien paga sino la posición en la que se coloca un Tribunal Supremo tocado del ala y mostrando una fragilidad que aterra. Si tan superior instancia es capaz de aplicar el controvertido método de “donde dije digo, digo Diego”, estamos ante un sistema judicial que puede avanzar al frente pero con marcha atrás. Y eso al Estado de Derecho le sienta fatal. A ver quien confía ahora en sus decisiones si el mismo las puede poner en duda.
