Seguramente o al menos a mí así me lo parece, el paulatino y alarmante sentimiento de desconfianza que transmiten a los ciudadanos sus más altas instancias del ordenamiento jurídico corre en razón directa a su cada vez más intensa e intencionada politización, un sistema que instituyó el PSOE en cuanto subió al poder en 1982 y que ha seguido consolidándose en legislaturas sucesivas. Es cierto que esa misma dinámica se ha impuesto en todas las instituciones pero si resulta alarmante comprobarlo en escenarios como los consejos de administración de los entes televisivos públicos o los de las antiguas cajas de ahorros, es en las altas magistraturas del Estado donde el entreverado de ideología política se manifiesta de un modo más reprobable. Y es que la propia Constitución -y también la ley natural- dispone la independencia del Poder Judicial como principio de garantía plena para la administración de la Justicia.
Ciudadanos, partido de nuevo cuño cuyo líder suele distinguirse por sus arranques de sinceridad apenas matizados por la conveniencia, acaba de apuntar que suprimirá el Tribunal Constitucional si gobierna por su elevado índice de politización, uno de esos disparos al aire a ver qué pasa que caracterizan el comportamiento cotidiano de esta agrupación política. Ciudadanos no forma parte todavía de esas fuerzas que dominan con su presencia y sus veladas imposiciones la España institucional, si bien ya le llegará el momento si obtiene los resultados que se le pronostican en las próximas elecciones de finales de noviembre. A muchos se les han crispado los dedos al escuchar semejante andanada pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque esta paulatina erosión padecida por tal alto tribunal no es más que la consecuencia de un comportamiento errático especialmente sensible a los intereses del Estado y en muchos casos, como seguramente se recuerda, a los velados consejos del propio presidente del Gobierno, actividad en la que Zapatero fue un verdadero maestro.
He escrito muchas veces que en mi opinión habría que reducir el Constitucional a rango de una sala del Supremo y que con ello bastaría. Desaparición, no en mi opinión. Pero sí adecuada dimensión.
