Reclusos de traslado

Reclusos de traslado

El traslado de presos a centros de reclusión próximos a sus  lugares de residencia es uno de los supuestos activamente contenidos en las reglas de la política penitenciaria de los países democráticos. Se trata de un loable proceso de humanización que permite suavizar la ya de por sí dolorosa circunstancia del penado y sus familiares a quienes el acercamiento proporciona una  proximidad que es necesaria desde un punto de vista no solo sentimental sino también en el aspecto puramente económico. 
No diría yo ni pío si este acercamiento de presos no mantuviera, en el caso de los independentistas encarcelados en prisiones de fuera de Cataluña, ciertas dudosas peculiaridades que conducen este delicado tema a un inexorable debate. Y como la cuestión de los secesionistas catalanes manifiesta aspectos que no concurren en otros casos, me atrevo a abrir la boca a sabiendas de que el asunto no tiene vuelta de hoja y el presidente del Gobierno ya ha decidido llevarlo a cabo por razones que él mismo conoce pero que hemos de convenir despiertas algunas susceptibilidades. Porque eso es lo que suele hacerse dirán sus defensores. Porque la moción de censura salió adelante por el voto de las formaciones que en el Congreso de los Diputados defienden la independencia y Sánchez les debe una a todos, dirán otros. El caso es que el Gobierno ha movido una generosa ficha mientras el sectario presidente de la Generalitat no ha meneado un dedo para enfriar el caldo.
Los presos que ya se encuentran camino de Cataluña para seguir en presidio en centros  de su comunidad son, eso nadie lo duda, presos de perfiles especiales. Por de pronto, son preventivos y se mantienen en la cárcel en espera de juicio y por decisión del juez instructor de la causa por su potencial peligro a continuar con sus actividades en libertad provisional. Pero lo que despierta  las mayores susceptibilidades es el modo y carácter del traslado. Al fin y al cabo, los reclusos estarán en prisiones dependientes de la Generalitat en la que gobiernan amigos, camaradas de partido, compañeros de ideología e incluso socios en antiguos gobiernos, amparados por un Parlamento que les considera sujetos inocentes injustamente encarcelados. Las sospechas tienen cierto fundamento, digo yo. No son gratis.