Una parte de la opinión pública interior y exterior ha juzgado el decreto de prisión para los integrantes del Gobierno de Cataluña que proclamaron unilateralmente la república, con mucha dureza. Media Cataluña, la independentista y afín, proclama su indignación al tiempo que los miembros del ejecutivo catalán, menos los huidos a Bruselas que esperan ser extraditados, ingresaban en la noche del jueves en dos centros penitenciarios de la comunidad de Madrid. He escuchado incluso voces con poder en el mundo de la comunicación como Jordi Evole –catalán pero en modo alguno independentista- quejarse amargamente de esta decisión judicial y desesperarse porque este nuevo marco parece tirar por tierra la buena sintonía que estaba comenzando a adquirir el colofón de este proceso. Evole, que es un estupendo periodista capaz de haber ido resucitando con notable aplicación las esencias mismas de olvidados géneros del oficio, ha caído sin embargo en la misma trampa en la que han caído otros espectadores del caso que se han dejado arrastrar por la vía del sentimiento.
Existen por tanto, dos espacios de actuación paralelos en esta realidad posterior a la locura catalanista que debemos tener en cuenta. El aspecto político que parece haberse restablecido bien con la aplicación graduada del 155 y la convocatoria de elecciones, y el ámbito estrictamente jurídico que ha tomado sus determinaciones culminadas con el ingreso en prisión preventiva de los protagonistas de este lamentable episodio. Entre ambos espacios, la frontera necesaria y exigible de la separación de poderes.
Además de la respuesta virulenta y gutural del independentismo –que no desaparece de la noche a la mañana- y que no se avendrá a razones, aquellos que se han mostrado sorprendidos por la expresión inequívoca y plenamente ajustada a derecho de los tribunales apelan a su inconveniencia y al hecho de que con los ex mandatarios en fuga o entre rejas el proceso de reconciliación es más complejo. Es posible que así sea pero la ley no puede ni debe subordinarse a motivos de oportunidad y conveniencias.
Y no es verdad que se haya encarcelado al Gobierno legítimo de Cataluña. Lo fue cuando fue elegido pero dejó de serlo cuando incumplió permanentemente la ley y cuando se rió además de ella. Los tribunales de Justicia españoles se han cansado de expresar por activa y por pasiva el alcance y gravedad de sus actuaciones. La trascendencia de unos actos que son constituyentes de delito además de desempeñarse con el desprecio más absoluto para los magistrados de la Audiencia, del Constitucional y del Supremo. Los mismos que, en respuesta, hoy los mandan a la trena.
