Nadie le ha pedido nunca al Gobierno que emita su opinión en público sobre los delitos de los que pueden ser acusados los independentistas catalanes que están a la espera de juicio público albergados en centros penitenciarios de su propia comunidad para que afronten este periodo carcelario de un modo más confortable. Y sin embargo, de forma individual como han acreditado el señor Borrell y la señora Calvo, o a título colectivo como se pronunció hace apenas cuarenta y ocho horas el gabinete ministerial con su presidente a la cabeza, se prodigan las expresiones sobre las materias de las que pueden ser acusados los presos preventivos y los huidos en el exterior en caso de plantearse volver a casa. Son apreciaciones que no deberían haber formulado porque ni en conjunto i a título individual están capacitados para ello, ni les toca hacerlas ni –y eso es lo más grave- respetan con este tipo de actuaciones, el principio de independencia del poder judicial al que todos los ciudadanos con apetencias democráticas aspiramos. Hay en este Gobierno de Pedro Sánchez un ramalazo intervencionista francamente preocupante que se ha hecho carne en la gestión del ente público RTVE, y que asoma su negra patita en otras situaciones posteriores. Especialmente en esta manía de expresar lo que los líderes catalanes a la sombra sugiere a cada uno. Entre las posiciones expresadas por personajes afines al ejecutivo sobre los independentistas catalanes en la antesala de ser juzgados, los informativos de la cadena pública, y el Centro de Investigaciones Sociológicas en manos de Tezanos, el principio de no injerencia lo está pasando fatal. La última encuesta firmada por el CIS sobre tendencia de voto y el capítulo subsiguiente de calificaciones a los líderes políticos ofrece más pistas ocultas que la portada del “Sargent Pepper’s” Hay indicios sospechosos para dar y tomar.
El Supremo, cuya actuación más reciente no acaba de dejarlo en muy buen lugar, ha expresado también públicamente su preocupación por las continuas presiones que sufre y que provienen de los bancos del Gobierno. Y ha dicho mucho más. Que con esa actitud se está poniendo en peligro el propio Estado de derecho. Deberíamos tomar nota.
