Opinión

La incógnita del martes

Tras la manifestación en favor del orden constitucional que secundó casi un millón de personas según la organización, -medio millón según la Policía Nacional y trescientos mil según la guardia urbana de Barcelona manteniendo la inveterada costumbre de la guerra de cifras cuando se producen estas concentraciones- no es aventurado suponer que la ciudadanía ha reaccionado ante el chantaje de los golpistas y ha dispuesto enfrentarse no ya una deriva independentista que se ha recrudecido en los últimos tiempos, sino a la opresión de años y años de imposiciones, chantajes y amenazas de las que la gente corriente ha mostrado que está harta. La sedición que a Puigdemont le ha tocado encabezar pero que está pilotada por la CUP en la sombra y que ha contado con  la colaboración incondicional de los medios de comunicación públicos de Cataluña que paganos todos los españoles –alguna vez y no muy tarde habrá que depurar las responsabilidades de la televisión autonómica catalana en este desventurado disparate- ha escalado peldaños de frenesí sin encontrar obstáculos, hasta que al final se ha encontrado detenido por una pinza. En uno de los brazos de esta tenaza están las entidades financieras  y en el otro está la que hasta el domingo era conocida como la mayoría silenciosa. Que por fin se ha manifestado, ha salido a la calle y ha expresado libremente su deseo de gritar basta.
La incógnita, la gran incógnita,  es conocer qué va a hacer el Gobierno de la Generalitat mañana martes cuando el pleno que los tribunales han suspendido, vuelva a desobedecer el mandato constitucional y se celebre. Se espera la declaración de Puigdemont y se teme que ni pueda ni quiera liberarse del abrazo del oso al que le somete la CUP y le mantiene en el sillón que tan indignamente ocupa. Si es así, mañana y bajo cualquiera de las muchas fórmulas que se manejan, el presidente declarará con carácter unilateral la República Independiente de Cataluña y estaremos ante un nuevo capítulo de la sedición que, en este caso y ya sin subterfugios ni especulaciones, puede acabar tras el tiempo que sea necesario, con el jefe del ejecutivo autonómico en la cárcel. Si esta decisión se produce será un suicidio pero sospecho que esa es una reflexión que a este gobierno secesionista en huida hacia la nada le importa un pito.
Hay desde luego un punto de referencia en esta demencial historia y que no se pueden ni se deben orillar. Es la necesidad de que aquellos que han conducido a Cataluña y a España a esta situación indeseable se enfrenten a las consecuencias de sus hechos. En los tribunales y con su propia patrimonio. Y después, ya hablaremos.

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