Estos días de ocaso veraniego con la amenaza independentista en lontananza y la maquinaria del Estado puesta en marcha para sofocar el principio de sedición en el que los gobernantes catalanes se han sumergido ante la pasmosa complicidad de una tierra y sus habitantes que antaño eran sinónimo de equilibrio, respeto y sentido común, fomenta un rosario de debates domésticos en los que indefectiblemente terminan los encuentros familiares y afectivos todos ellos marcados por las expectativas que genera esta locura sin parangón en toda la historia reciente del continente europeo. Uno se va a cenar con unos amigos y acaba debatiendo sobre Cataluña y los catalanes, uno recibe en casa a su parentela y termina reflexionando sobre la causa independentista. Uno se queda en casa en la única compañía de uno mismo, mirando por la ventana los cielos de igual color –cárdeno por ser concreto- que el pecho del toro que mató a Joselito, y se ensimisma en el análisis de este disparate aunque no quiera.
Ayer, sin ir más lejos, cenamos, reímos, charlamos y acabamos en lo mismo: el divorcio que viene. Existe un principio que nos une a casi todos los presentes aunque este punto de partida, como ya está instalado en la costumbre de un pueblo de tertulianos, también suscita opiniones encontradas. La cita del 1-O, con sus urnas de por medio, es un acto ilícito y constitutivo de delito que el Gobierno y el Parlamento nacional han de afrontar con los mecanismos que la ley ofrece. Hay matices entre los presentes e incluso hay algún reticente que aún no está muy convencido de la necesidad de prohibirlo por mucho que los de enfrente esgriman los conocidos argumentos que lo sitúan en la ilegalidad y le confieren el rango de golpe de Estado encubierto.
Pero se abre paso un concepto en mi opinión mucho más alarmante por secreto y sibilino. Existe una opinión generalizada que sospecha que el Gobierno acabará silenciando bocas y enterrando en paladas de dinero e inversiones sin cuento los afanes independentistas, reduciendo el fenómeno a un asunto exclusivamente de pasta gansa. Es decir, si el Gobierno decreta un nuevo régimen económico y fiscal para Cataluña pongamos con aspecto de fueros, los independentistas se olvidan y se acabó el problema. Y yo digo que si eso es así, mal iremos. Los poderes políticos catalanes han apostado por la sedición y eso tiene un tratamiento judicial en un estado de Derecho libre y soberano que lo ampara. Por tanto, usemos ese derecho, otorguemos a los responsables el tratamiento penal que merece semejante desafuero y luego ya veremos como se enfoca el escenario nuevo. Pero primero, la ley y su peso.
