Opinión

El remedio y la enfermedad

Todo empezó cuando al Tribunal Supremo llegó una acción judicial interpuesta por una sociedad de titularidad municipal domiciliada en Rivas Vaciamadrid en la que se planteaba la necesidad de determinar a     quién debía repercutirse el abono del llamado Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, una cantidad variable y sometida a grandes fluctuaciones en dependencia de la comunidad en la que se desarrolle el mencionado acto, que ha terminado conociéndose como el impuesto sobre hipotecas. Cataluña recauda en torno a 350 millones de euros al año por este concepto mientras La Rioja recauda 10, tal es la diferencia que se produce en este concepto como ocurre con las transmisiones patrimoniales, por ejemplo. 
El Supremo dictó sentencia adjudicando a los bancos ese abono si bien, y ante el asombro generalizado, modificó su propia sentencia  dejando sujeta al limbo este tipo de transacciones hasta en tanto emitía una decisión definitiva. Fue un tiempo caótico con la publicación de un nuevo arbitraje que liberaba a los bancos y decidía aplicar el pago de estos gastos derivados de la concesión de dinero hipotecario especialmente aplicado a la adquisición de vivienda no a quien efectuaba el préstamo sino a quien lo recibía. Es decir, y tras un largo y tenso periodo de debate, cambió la tocata y responsabilizó del pago no al banco sino a su cliente. Total, quince días de angustia hasta liberar una decisión que ha puesto el país patas arriba.
Desgraciadamente, el Gobierno lleva mucho tiempo enseñando el pico de la muleta en esta tentación que suele acompañar a los que ostentan el poder de intervenir en los Asuntos jurídicos, y sospecho que ha apelado a un remedio que es peor que la enfermedad y que utiliza una de las herramientas más justamente odiosas de la vida parlamentaria. El Gobierno amenaza con apelar al Decreto Ley –con este irán catorce en cuatro meses- para modificar el dictamen del Supremo y que sean los bancos quienes paguen el famoso AJD. El Gobierno sabe que cuenta con 84 diputados en la cámara y que con eso no va a ningún sitio. Y sabe que está muy lejos la aprobación de nuevos presupuestos. El Real Decreto es el enemigo público de una democracia parlamentaria, pero eso es lo de menos.

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