La apertura del curso político no ha podido tener un inicio más bronco y posiblemente más inadecuado. La perseverancia del PSOE de esta nueva etapa por acosar al presidente del Gobierno y mostrarlo ante la opinión pública como un corrupto irredento consentidor y pringado en las maniobras culpables de su partido, no tiene por qué ser criticable en esencia si no fuera porque la situación general en la que España abría su nuevo periodo de debate necesitaba otro inicio y gentes como yo mismo hubiéramos deseado que el plenario sobre la corrupción dejara su lugar a otro pleno en el que todos los partidos constitucionalistas se mostraran ante la opinión pública como un bloque homogéneo ante la amenaza cierta que protagoniza el secesionismo catalán. El debate sobre corrupción –que forzaron los diputados del PNV el partido que paradójicamente obtuvo un amplio abanico de millonarias ventajas a cambio de garantizarle al propio presidente Rajoy la estabilidad política y presupuestaria- no era ni urgente ni necesario a estas alturas en las que esta lamentable actividad está ya en los tribunales y es la autoridad judicial la que está instruyendo los procedimientos tendentes a señalar y condenar a los culpables.
Paralelamente a esta ferocidad exhibida por la magistrado Margarita Robles ahora en su papel de portavoz socialista en la Cámara, su líder Pedro Sánchez ha expresado el respaldo que su partido debe a la actuación del Gobierno en su defensa de la unidad de España aunque como siempre, el comportamiento de Sánchez en esta parcela concreta de su actividad parlamentaria sigue siendo indefinida, dubitativa, contradictoria y opaca. Sánchez ha impuesto casi por la fuerza entre sus dirigentes el concepto de “naciones sin estado” con el que ha ido a hacer las campañas catalanas y con las que ha tratado de apaciguar los alegatos secesionistas asomando entre los socialistas catalanes que Miquel Iceta no ha sido capaz de atemperar. La imposición de este concepto que Cristina Narbona se ha encargado de recordar a los responsables federales como “de obligado cumplimiento”, ha tropezado con los resquemores lógicos de Susana Díaz y, para qué negarlo, con la discordancia de no pocos simpatizantes que nada quieren saber de veleidades nacionalistas. Todo ello hace sospechar que el respaldo de Sánchez a la actuación de Rajoy es más de boquilla que de colaboración leal y sincera. Y eso que Sánchez hace bastante tiempo que no habla.
Este pleno sobre la corrupción no tocaba ahora. Sobre todo cuando el Congreso debería mostrarse sólido y unido ante la amenaza cierta del 1 de octubre.
