La llamada “Operación Lezo”, puesta en marcha para castigar una compleja trama de corrupción que apunta directamente al corazón del PP madrileño, ha puesto de manifiesto grandes lagunas que afectan al buen funcionamiento de las instituciones más necesarias del país incluyendo no solo las miserias de un partido político que está gobernando y al que la sombra de la corrupción está conduciendo al precipicio, sino otros aspectos igualmente alarmantes de este amplio abanico de argumentos encontrados, debilidades y flaquezas. Los medios de comunicación por ejemplo. E incluso la judicatura y muy especialmente sus implicaciones políticas, un aspecto tormentosos que de tiempo en tiempo tiñe de gris marengo la sagrada tarea del ordenamiento jurídico. En la información de la que nos estamos nutriendo se asoman aspectos de su comportamiento que originan dudas, dudas que no son nuevas y que ya se producían a partir de 1985 cuando el gobierno presidido por Felipe González alumbró la polémica ley del Poder Judicial que parecía elaborada precisamente para que los partidos que desempeñaran en cada caso el Gobierno tuvieran capacidad de influencia en quienes aplican las leyes y pudieran nombrar a su voluntad las personas llamadas a desempeñar los cargos principales de cada uno de sus organismos. Poco han variado las cosas desde entonces, y aquella ley con más de treinta años de vigencia permanece y ha conseguido mediatizar la imprescindible independencia de los más altos tribunales del Estado e influir en las decisiones que afectan a jueces y fiscales. No es aventurado sospechar que en la instrucción que se deriva de la “Operación Lezo” -vaya nombre extraño teniendo en cuenta la enorme dignidad del heroico marino don Blas de Lezo que parece inspirarlo- ha ocurrido algo por el estilo y preocupa saberlo. Estas cosas no ocurrirían si se hubiera preservado por encima de todo la independencia del Poder Judicial pero el propio sistema para designar la composición de sus órganos de Gobierno e incluso la no siempre bien entendida inclinación de los jueces por determinados partidos políticos convierte en imposible la tarea de desvincular la judicatura y sus tribunales de la influencia política. La ley del 85 fue un desastre desde el primer momento y estamos a estas alturas pagando sus consecuencias.
