El nuevo Gobierno se propone afrontar una reforma constitucional “urgente, viable y deseable”, según la ministra de Política Territorial y Función Pública, la socialista catalana Meritxell Batet.
Cree que así satisfará las demandas de los independentistas sin concederles la independencia.
El independentismo, que despierta nuevamente en el PNV, es la causa de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno, pero la oposición y los militantes de base socialistas deben exigir condiciones antes de aceptar discutirla.
La primera debe exigir homologarla con las Constituciones de otros Estados, como Alemania que prohíbe las separaciones y los partidos secesionistas. El Reino Unido no es un ejemplo: está formado por cuatro países de los que Escocia puede salirse.
Así que al Art.2 que reza “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, debe añadírsele que quedan prohibidos los partidos separatistas.
Otro Art. que debe discutirse es el 25.2, que señala que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”; pero desde 1978 se ha comprobado que demasiados autores de delitos monstruosos no son reeducables ni reinsertables.
Hay dos artículos más, al menos, que deberían matizarse: el 41 establece la Seguridad Social para “todos los ciudadanos” y otras prestaciones ante situaciones de necesidad, por lo que quien nunca ha cotizado puede tener iguales derechos que cotizantes de toda la vida, incluido el de la vivienda del Art.47, que con las avalanchas de refugiados que llegarán en próximos años privarán a muchos españoles de sus derechos a la sanidad y a dónde vivir.
