Muy mal: el Partido Popular ha tenido y seguramente tiene aún numerosos políticos corruptos a los que persigue o perseguirá la justicia, o que ya ha enviado a la cárcel.
Muy bien: también puede afirmarse que su presidente, Mariano Rajoy, ha actuado en distintas ocasiones como hombre de Estado.
La última, al desactivar la independencia de Cataluña aplicándole a la Generalidad el Artículo 155 de la Constitución.
Aunque toda la oposición, menos Ciudadanos, incluido el PSOE que ahora apoya emplear ese artículo, acusa al presidente del Gobierno de haber provocado hace una década la insumisión del catalanismo independentista.
El origen, dicen, está en haberse opuesto en el Constitucional, también pidiendo firmas populares, a su Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado en el Congreso y en referéndum en Cataluña, pero del que después, en 2010, el Tribunal invalidó 14 de sus 221 artículos.
Argumento erróneo: al contrario, el recurso evitó la segura y rápida separación de Cataluña del resto de España.
Aquel Estatuto hubiera facilitado la independencia de los desleales políticos catalanes al considerar al Estado y la Generalidad entes iguales, y al crear un poder judicial ajeno al español.
Lo reconoce ahora Alfonso Guerra, el responsable socialista que pulió todo lo que pudo la propuesta inicial de su jefe, Rodríguez Zapatero, y que pese a ello casi creaba el Estado catalán paralelo
La integridad de España peligró por un calentón del insensato Rodríguez Zapatero, que le prometió públicamente a los socialistas catalanes que cuando llegara al Gobierno, como ocurrió en 2004, aprobaría el Estatuto catalán que ellos desearan: propulsó así el independentismo.
Zapatero, tardaremos décadas en librarnos de sus desatinos, rompió entonces el pacto de acordar con el PP todo lo que afectara a la delicadísima estructura del Estado.
