Gobernar por decreto

Gobernar por decreto

Mientras evoca a Franco, que mañana cumplirá 43 años de muerto, Pedro Sánchez se dispone a gobernar permanentemente por decreto-ley, como él durante su dictadura.
 Es algo que sólo hicieron muy excepcionalmente otros presidentes de Gobierno desde que se aprobó la Constitución hace 40 años.
El mecanismo del decreto es muy parecido en dictadura y democracia porque se trata de imponer la voluntad del gobernante sin el Parlamento; Franco no lo necesitaba, y Sánchez se lo salta.
Al serle presumiblemente rechazados por las Cortes sus presupuestos del Estado para 2019, impondrá sus decretos “sociales” para “mejorar la vida de los desfavorecidos”.
Tan sociales como el impuesto confiscatorio del gasoil, el combustible más consumido de la clase media y trabajadora, y otros impuestos que terminarán incrementando los costes de numerosos bienes y servicios de primera necesidad para todos, y en especial para los más desfavorecidos.
El uso del decreto-ley lo regula el Artículo 86 de la Constitución, que en su punto 1 señala:
“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos (…)”.
Los puntos 2 y 3 de ese artículo regulan la convalidación parlamentaria posterior, pero lo importante es que para cumplir sus objetivos personales Pedro Sánchez se salta la legalidad procedimental y convierte en “extraordinaria y urgente necesidad” el día a día de un gobierno con 84 diputados propios de 350.
 Las leyes que requieren muchos estudios y discusiones en el Parlamento se someterán, pues, a los decretos de un Sánchez que recuerda a ese Francisco Franco que le obsesiona tanto que lo imita como ninguno de sus antecesores.