El padre de este cronista, camino de los 102 años, estuvo dos veces ante pelotones de fusilamiento franquistas por no compartir su ideología, y tras la guerra civil vivió casi una década con miedo a ser ejecutado extrajudicialmente.
Motivo por el que los españoles, y setenta años después de que lo dejaran en paz, quizás deban pagarnos a sus descendientes una jugosa indemnización si prosperan la reforma del Código Penal y de la Ley de Memoria Histórica que propone el PSOE.
Hace unos años el padre del cronista le confesó avergonzado que siendo niño había visto al suyo, dirigente socialista local, manipular las elecciones municipales de 1931 en su pueblo, Salvaterra de Miño (Pontevedra), para que perdieran los monárquicos.
Teniendo menos de 20 años participó en las mesas electorales de febrero de 1936 y vio cómo su padre volvía a falsear los datos para que ganara el Frente Popular contra el que se levantó Franco unos meses después.
La historia de estos fraudes electorales no debió contárselas a Xavier Alcalá porque no aparecen en ninguno de los tres tomos que el escritor dedicó a su vida.
Si se aprueban las reformas que el PSOE quiere introducir en las dos leyes es posible que el cronista sea perseguible legalmente por poner en duda la legitimidad de algunas conductas de la II República, y ello sin justificar a Franco y sin dejar de apoyar que se investiguen los cuerpos de los republicanos desaparecidos.
Muerto el dictador hace 42 años hay muchos neo-antifranquistas que, bajo la Memoria Histórica, dicen querer buscar antepasados desaparecidos, aunque meten a sus padres en asilos.
Y quieren ser indemnizados quizás porque la vida está muy cara y hay poco trabajo. Dicen: páguennos, españoles, que contra Franco viviremos mejor.
