Cada vez que se produce un caso policial o judicial mediático salen a las calles grandes masas que piden linchar al acusado, como fue en el caso de Ana Julia Quezada, que mató hace dos meses ahora a Gabriel Cruz, de ocho años, hijo de su novio.
Alejarse de “la ira del populacho” dio origen al Derecho Romano en occidente y a todas las formas de justicia no religiosa.
Un fenómeno parecido envuelve ahora la sentencia sobre “La Manada”, como se llamaban a sí mismos cinco depredadores sexuales sevillanos condenados este jueves a nueve años de cárcel cada uno por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de Pamplona, en julio de 2016.
“Nosotras somos la manada”, rezan las pancartas de feministas y progresistas que protestan por toda España contra esta sentencia, pues entienden que debió condenárseles, al menos a 18 años por agresión sexual, o a 22 por violación.
En la sentencia de 371 folios de los tres magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra aparece un voto discrepante, el de Ricardo Javier González González, que pidió la absolución, según él, a la vista de la conducta de la víctima y de sus contradicciones durante el juicio.
Este magistrado va a ser una víctima más. Lo suyo es mucho peor aún que lo de los otros dos, acusados por las masas de machistas y casi asesinos por no haber sentenciado violación.
Se supone que este magistrado tiene madre, esposa y quizás hijas, y ha presentado su discrepancia sabiendo que iba a estar marcado y en la picota toda su vida a partir de ahora.
Discrepar de las masas mediáticamente indignadas es peligroso, pero las leyes interpretadas en conciencia hacen al juez honorable, aunque se equivoque.
