La ministra de Economía Nadia Calviño, conocida como “La Princesa de Bruselas” por haber ocupado un altísimo cargo técnico en la Comisión Europea, está envuelta estos días en un escándalo fiscal tras descubrirse que una de sus sociedades ingresó 245.600 euros en cinco años de los que sólo pagó el 2,2% al Estado, 5.350 euros.
Algo similar hizo el primer ministro de Cultura, Maxim Huerta, que dimitió nada más descubrirse su caso, como hizo la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por atribuirse falso Master.
Pero desde que inmediatamente después se denunció que su doctorado en Economía era también sospechoso, Sánchez toleró toda supuesta alegalidad de su Gobierno.
Así, la ministra de Justicia apareció vinculada al policía corrupto Villarejo, al que negó conocer, conversando sobre graves delitos que no denunció como fiscal.
El ministro de Educación, Pedro Duque, aparece también con propiedades por las que casi no pagó impuestos, y la ministra portavoz María Isabel Celáa ocultó buena parte de un importante patrimonio que debería haber declarado.
Incluso el más respetado Josep Borrell aparece como sospechoso de usar información privilegiada en la venta de unas acciones, aunque afirma que acabó perdiendo en la operación.
Algo más de cinco meses después iniciar su mandato, con sus 12 mujeres y cinco hombres ministros, a los que la prensa más afín llamó “El Gobierno Bonito”, su panorama ha afeado, y quien peor aparece es el propio Sánchez.
Así, su moción de censura prometió convocar elecciones, pero ahora quiere seguir gobernando con decretos permanentes, algo desconocido desde Franco, y ha usado a la Abogacía del Estado para derivar los delitos de rebelión de los separatistas catalanes en prisión a los menos graves de sedición.
Aunque las encuestas dicen que él y en PSOE ganan electores.
