La justicia de un país está maltrecha cuando los ciudadanos honrados deciden acudir a profesionales de la intimidación presuntamente no violenta para que liberen sus casas de okupas, ahora casi todos de mafias organizadas, que entraron en ellas y los echaron a la calle.
Barcelona es la gran ciudad española entregada cíclicamente al anarquismo, como se comprueba con la elección de su alcaldesa, Ada Colau, una okupa sin oficio conocido, aunque sí con el beneficio de vivir de los demás con el llamado activismo social.
Cuanto más se manifiesta una aspirante a actriz fracasada devenida en activista como Colau defendiendo como víctimas a pocos pobres y a muchos caraduras, más popularidad obtiene en esta sociedad emotiva, sensiblera, y por tanto irracional.
Como alcaldesa protege a las mafias de okupas y a gentes voluntariamente sin oficio, como ella, pero con beneficio al privar a los demás de lo suyo: por el efecto llamada Barcelona importa ahora okupas de todo el mundo. Madrid es otra ciudad donde prospera la okupación: su alcaldesa es exjuez, pero muchos de sus ediles fueron okupas y protegen a las mafias que crecen por todos los barrios.
Barcelona alberga ya la primera empresa española de desokupas. Su fundador, Daniel Esteve, exboxeador licenciado en INEF, ha desokupado en poco tiempo con sus negociadores-armarios humanos, 270 viviendas.
Cobra unos 5.000 euros por operación, el negocio prospera y ya tiene trabajo en otras ciudades, como Madrid.
Colau le ha ordenado a la policía barcelonesa que persiga a estos desokupas, pero como las leyes tienen su envés, poco pueden hacer porque, sea cual sea su intimidación, no es violenta.
Cualquiera podría sentir la tentación de proponerle a Esteve contratar una mafia de okupas para desokuparlos y repartirse amistosamente entre todos los 5.000 euros.
