En la Comunidad de Madrid acaba de concluir una pelea entre el PP y el PSOE, por una parte, y UPyD e IU, por la otra, en la que los primeros rechazaron suprimir el Consejo Consultivo que asesora al gobierno regional, como querían los segundos
Ese Consejo, al que pertenecen solamente el primer presidente de la Comunidad, el socialista Joaquín Leguina, y el popular Alberto Ruiz-Gallardón –Esperanza Aguirre no se incorporó al organismo, pese a haberlo creado-- , emite dictámenes para el Ejecutivo autonómico a imitación del Consejo de Estado para el gobierno español.
Los dos expresidentes regionales tienen garantizado un puesto vitalicio con un sueldo de 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), coche oficial y un asistente.
La discusión radica en si necesitan un Consejo así, por muy corto que sea, las autonomías, cuyas burocracias tienden a crecer hacia el infinito. Sin embargo, los políticos que tuvieron altos cargos en cualquier Estado son un pozo de experiencia del que pueden extraerse sabias lecciones, como ocurrió con los Consejos de Ancianos de todas las sociedades desde que se formaron las primeras tribus.
Más aún cuando un problema de las democracias modernas es la efebocracia, en la que jóvenes sin experiencia llegan rápidamente al poder y cometen graves errores.
El Consejo de Estado Español está formado por treinta personalidades de la política, la economía o la ciencia españolas, y hay quien afirma asombrado que José Luis Rodríguez Zapatero es ahora un miembro sumamente juicioso, todo lo contrario que aquel presidente de Gobierno tarambana que por poco acaba con el país.
Llegar al Consejo de Ancianos que es cualquier Consejo de Estado, incluso el regional, podría hacer recomendables a algunos políticos, y seguramente los gobiernos serían más sabios si siguieran sus recomendaciones.
