El gobierno español se enfrenta a un dilema ético, económico y laboral tras haberse negado a entregarle a Arabia Saudita 400 bombas de alta precisión, lo que provocó la amenaza de retirar el pedido de cinco corbetas valoradas en 1.800 millones de euros también pedidas por ese país y que darían trabajo a unas 6.000 personas, sobre todo en Navantia de Cádiz, durante los próximos cinco años.
Tras darle una lección de humanismo al mundo al recibir a los 629 inmigrantes del Aquarius en junio, el gobierno de Pedro Sánchez quiso dar otra al negar la entrega de las bombas, ya abonadas con 9,2 millones de euros, al creer que se emplearán en la guerra civil entre chiitas y sunitas del Yemen.
La base de estos contratos se debe al gobierno de Mariano Rajoy, ya se sabe, un belicista, por lo que con tono de predicadora moral la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció la cancelación de la venta.
Seguramente el Gobierno no pensó en la reacción de los trabajadores de Navantia, y menos en los de Cádiz, donde el desempleo llega al 30 por ciento, y que esperaban ansiosamente esta carga de trabajo.
En las elecciones aparecen como de izquierdas y pacifistas, pero lo material se antepone a los escrúpulos morales que genera una guerra religiosa con 10.000 muertos desde que estalló en 2015.
Aunque además es una lucha estratégica por el control de la entrada al mar Rojo entre los aliados sunitas de los saudíes y los chiitas de Irán.
Ahora se estudia una vuelta atrás, pero debería saberse si el “cogobierno” parlamentario de Podemos participó en la decisión de no entregar las bombas: Pablo Manuel Iglesias está muy cerca de Irán, del que cobra incluso por sus programas en HispanTV.
