¿Quién sabe dónde?

¿Quién sabe dónde?

Pues, dilecta leyente, ha vuelto el programa que presentaba Lobatón, y ahora dirige, sobre búsqueda de personas desaparecidas. Sobre este tema, cada país tiene su propio estercolero,  muladar o vertedero, con sus propios excrementos, deyecciones, heces,  detritos, boñigas y sus propias diarreas, colitis, disenterías y cólicos.
Después de esta escatológica exposición, cabe hacer una importante distinción entre desapariciones voluntarias y desapariciones forzadas. Consecuentemente, me refiero a las desapariciones forzadas y con un cariz criminal. Entre estas últimas, son “indignas” de mención las que se producen en algunos países americanos como Méjico o Colombia, en las cuales las mujeres se llevan la peor parte. Pero centrémonos esta vez en España, que, con ello, de momento, ya tenemos bastante.
En nuestro país, que es el que fundamentalmente nos ocupa y preocupa, había, a finales del 2017, según informes del Ministerio del Interior, unas 6.053 desapariciones activas (sin contar las huidas de la Justicia, los secuestros parentales y las que por estar en situación ilegal o carecer de vínculos familiares, no se denuncian), de a las  que calificadas de “alto riesgo” correspondían 245, entre ellas 12 relativas a niños. Sarcásticamente, en la próxima lista figurarán “Pescadito” y otros “pescaditos”, como casos resueltos y no porque se les haya encontrado vivos, sino a sus enternecedores cadáveres. Lo que, dadas las circunstancias, no resta mérito a los investigadores.
De este número hay que descontar los que, habiendo desaparecido voluntariamente, regresan sin que por parte de los interesados se dé conocimiento a la policía, por lo que siguen figurando erróneamente como desaparecidos, detrayendo la atención de los agentes de otros casos reales y con lamentable vigencia.
De hacer caso a las estadísticas comentadas, realmente, el grupo de personas en situación de “alto riesgo”, por considerar que, en el peor de los casos, pudieron ser objeto de asesinato no llega al 4,04 %. O sea, que “sólo” 245 de las personas actualmente desaparecidas pueden estar enterradas en cualquier lugar y sus asesinos disfrutando de una libertad inicua. Son esos casos que podríamos admitir como crímenes perfectos, hasta que dejan de serlo. Afortunadamente, Pontevedra no es la provincia con más desapariciones, que lo es Cádiz, ni la con más “alto riesgo”, que es Barcelona. 
El grupo más preocupante lo constituyen los ancianos y los niños. La desaparición de ancianos con demencias suele terminar mal, y la de niños es más difícil de resolver por resultar más vulnerables y, por ello, maleables e inermes, por y ante los adultos. Últimamente, la actualidad se centraba en la investigación de los niños robados o  vendidos que, tras años de vivir con la que creían su familia biológica, buscan su verdadera identidad y descubren que han sido víctimas de una trama organizada por médicos, enfermeras, curas y monjas, que funcionó con regularidad e impunidad en varias ciudades de nuestro país. 
Está  demostrado que, especialmente, en la década de los setenta, hubo una especie de transvase de recién nacidos. Si bien, hasta donde se conoce, los hechos, en la mayoría de los casos, reunían ciertas peculiaridades que los hacían menos dramáticos, pues, a pesar de todo, esta “peña” tal vez actuaba guiada por un firme, aunque equivocado, sentimiento piadoso y de caridad. Claro que, también se ha dicho, que el fin no justifica los medios Y aquí se han cometido delitos, afortunadamente para sus responsables, ya prescritos.
Todo ello justifica, más que sobradamente, que en la policía se creen grupos dedicados exclusivamente a la investigación de las personas desaparecidas y sus causas. No basta, por ejemplo, con devolver al “desaparecido” a su casa, hay que comprobar las razones de su huida, pues, a veces, la causa está en su propio entorno familiar; así como la responsabilidad en que hayan podido incurrir terceras personas durante su particular hégira. Y, con más razón, cuando se trata de menores.