Opinión

Nadie duerme en la calle

Fae xa tempo”, vamos que “xa choveu dabondo“, en unas jornadas sobre el manido tema de las drogas, resulta que participaban, entre otros especialistas, el magistrado Luciano Varela, a la sazón decano de los de Pontevedra y el catedrático Fernández Albor. La opinión generalizada era que mientras el drogadicto no se prestara voluntariamente a la rehabilitación no se podía hacer nada. Volvía la vieja controversia entre libertad y seguridad. En este caso concreto entre la libertad del enfermo o “tóxico” y la seguridad tanto pública como la del propio drogadicto.
Centrándonos en la salud individual como parte de la seguridad del toxicómano, la cuestión a debatir era qué se podía hacer con éste. Dado que algunos “progresistas” habían conseguido imponer sus tesis del “laissez faire”, es decir, que hay que dejar que cada uno haga lo que le pete, las medidas a adoptar eran dirigidas a justificar penalmente al toxicómano delincuente, eximiéndole de responsabilidad en unos casos y atenuándola en otras, disponiendo medidas que evitasen su ingreso en el talego, así como concediéndole una serie de privilegios penitenciarios.
Fernández Albor, introdujo otra teoría, que venía a decir: Si estamos de acuerdo en que nos encontramos ante un enfermo, dominado por la afición a las drogas, que le impide ver o le limita la visión de la responsabilidad de sus actos, no podemos esperar que voluntariamente decida dejarlas. Sencillamente hay que estudiar la posibilidad de su incapacitación y nombrarle un tutor, individual o social, que vele por él y en su caso sea éste el que inste su sometimiento a tratamiento médico, hasta que recupere su capacidad intelectiva y volitiva. Porque esta es la auténtica libertad: Cuando uno tiene el suficiente sentido y capacidad para decidir; en este caso sobre lo que le conviene.
Bien, todo esto viene a cuento de la polémica surgida entre el señor Caballero, alcalde  a de los vigueses, y el señor Otero del BNG, que puede llegar a serlo, sobre la cuestión de los mendigos que pernoctan entre cartones de nuestras calles. Pues bien, el señor Otero acusaba de falta de sensibilidad al primero por consentir la permanencia de esta situación, y el aludido se defendía de tal inhumana acusación contestando que “nadie duerme en la calle”, y puede que tenga razón, pues dormir significa otra cosa. Existe la vieja teoría que sostiene que el dormir responde a un mecanismo interno para protegernos durante la noche de accidentes y depredadores. Desde luego, lo que se puede afirmar, casi con total seguridad, es que estos desvalidos no “sueñan”.
Pero, seamos justos, pues no hay mayor mentira que una verdad a medias. Lo que el dignatario municipal quería decir, y así lo explicaba, era que los que duermen en la calle “no quieren” utilizar los albergues. Volvemos a la interpretación del concepto libertad. ¿Tienen realmente capacidad para decidir lo que les conviene estos menesterosos, cuando se sospecha con fundadas razones que la mayoría de estos indigentes son en cierto grado deficientes mentales?
Por supuesto, no se trata de recurrir a los métodos de la extinta Unión Soviética, donde el disidente era tratado como enfermo mental, porque no cabía otra explicación al no estar de acuerdo con el in cuestionable paraíso comunista. Todo lo contrario, consiste en ser solidarios en una sociedad democrática que protege al desamparado. Pero, además, es que se trata de cumplir ya no con un deber moral, sino legal, que obliga a cualquier parroquiano a poner en conocimiento del fiscal la existencia de una posible causa de incapacidad de una persona, máxime cuando se trata de una Autoridad que tiene conocimiento por razón de su cargo. ¿Te enteras, Alcalde?

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