El fiscal tiene la palabra

El fiscal tiene la palabra

Pues, dilecta leyente, la bulla dialéctica entre Villares, de Marea, y la Valedora do Pobo sobre el tema de las incapacitaciones, me recuerda un debate en la Universidad entre un juez mediático y un prestigioso catedrático de Derecho Penal. El tema iba de drogatas. El juez defendía que había que respetar el derecho constitucional al libre desarrollo de su personalidad y por lo tanto no se podía hacer nada frente al que no quería curarse, mientras que el catedrático alegaba que cuando el tóxico estuviese en una situación en que se entendiera que estaba dominado por la farlopa y peligraba su salud, con el correspondiente informe médico se le podría incapacitar nombrándole un tutor que tomase las medidas adecuadas en beneficio de aquél, como obligarle a someterse a un tratamiento de desintoxicación y deshabituación en centro especializado.
Claro que para los que tienen un concepto un tanto singular de la libertad también estaría justificado poner al anciano y enfermo padre en la calle, “devolviéndole la libertad”, o, volviendo al tema de la alfalfa, quizás estarían de acuerdo con la propuesta de cierto criminólogo de crear una especia de reserva para estos enfermos donde se les facilitaría gratis la droga, evitando que tuvieran que delinquir para adquirirla o como consecuencia de su consumo, se garantizaría su pureza y asimismo se evitaría el tráfico. En este caso, estaría justificado que la administración corriera también con los gastos de salud derivados del suministro, lo que no lo está tanto cuando es el propio adicto el que personal y “voluntariamente” busca la enfermedad. Algo parecido, sólo parecido, serian las narcosalas, o de consumo supervisado de drogas, creadas por el ínclito Gallardón.
Los que tienen la esperanza de que con otros medios se puede acabar con el problema, consideran que la medida de la reserva supone una renuncia a la recuperación del adicto (habría que ver las estadísticas sobre el tema). En cualquier caso, la cuestión no tiene fácil solución, pues la de legalizar la droga tampoco parece ser la panacea.
Similar debate merecería en el caso de los mendigos que prefieren dormir a la intemperie corriendo riesgos para su salud y su seguridad, en vez de acudir al albergue, siempre adoptando las medidas de forma individual, caso por caso y nunca colectivamente, que eso más bien sonaría a política del ex soviet. 
Contra lo que pudiera creerse, la incapacitación tiene muchos filtros antes de que el Corroy (magistrado) la declare, pero es que además continúa el control judicial, que según la evolución del enfermo puede modificar el alcance de la misma o suprimir la medida, pues la finalidad es proteger al incapaz, que puede recuperar todos sus derechos en cuanto se recupere. 
 El  Rigor (fiscal) tiene la palabra.