Todas las ciudades tienen ayuntamiento pero sólo seis cuentan con una agencia del Estado con plena capacidad de invertir dinero de la caja común en un territorio concreto. Es un privilegio del que goza Vigo desde hace 70 años cuando se constituyó el Consorcio Zona Franca (CZF) y al que acaba de acceder Sevilla, que se ha unido a Barcelona, Cádiz, Las Palmas y Tenerife. El consorcio de Vigo es pese a su nombre un organismo del Estado, que aporta el capital, y donde el ayuntamiento puede plantear propuestas a través de sus vocales. Incluso el presidente, el alcalde, está excluido por estatutos del ejecutivo, bajo dirección del delegado nombrado por el Gobierno. La buena noticia es que ayer el regidor dio por zanjado su choque con el consorcio, que calificó de “gran institución”. No puedo estar más de acuerdo: lo es. Un detalle: también ayer mismo CZF Barcelona aprobaba sus inversiones para 2018, 31 millones de euros en total, 20 menos que CZF Vigo.
Vigo se queja con razón de déficits históricos: el mayor su consideración política-administrativa, en vías de solventar con la creación de la Delegación de la Xunta independiente de Pontevedra y la consecución de todos los servicios y oficinas de carácter provincial. El Área Metropolitana también reconoce en sus estatutos que Vigo tendrá la misma consideración que una capital de provincia a la hora de conseguir dotaciones judiciales o administrativas. Pero es cierto que se trata de un asunto aún sin resolver.
En cambio Zona Franca es de y para Vigo, un privilegio que como tal hay que cuidar y mantener. Lo que se diría (diríamos) si hubiera en A Coruña un ente estatal capaz de invertir 50 millones de todos los contribuyentes año tras año en su entorno. Continuará…
