Opinión

La autopista gallega

La Autopista del Atlántico probablemente pasará  a ser gestionada por la Comunidad Autónoma en cuestión de dos a tres meses tras el desbloqueo a la tramitación del cambio de titularidad. Se trata de una propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia y que ahora ha pasado el filtro en el Congreso al cambiar de opinión el PP en Madrid. En Galicia el voto había sido siempre a favor, pero mientras Mariano Rajoy estuvo al frente el Gobierno mantuvo el “no” atendiendo a diversas razones, entre ellas una cierta a coherencia en la totalidad de la red de carreteras del Estado, sin dividirla a su paso por las distintas autonomías. Claro que en Galicia se jugaba con un factor a favor: la AP-9 nace y muere en el interior, entre Ferrol y el puente del Miño, al contrario de lo que pasa por ejemplo con la A-52, que parte de Galicia y llega hasta la Meseta.
Por tanto, la AP-9 será gallega o estará gestionada desde la Xunta. Lo que no significa que vaya a tener consecuencias más allá de una más precisa observación sobre el terreno de sus males, y no pocas obligaciones. Por ejemplo, en materia de seguridad o de contaminación de acústica, como bien sabemos entre Rande y Vigo. 
No tendrá en cambio efectos sobre el peaje salvo que se apueste por una medida extrema, que no sería sino el rescate de la concesión a Audasa, empresa del grupo Itinere que a su vez está integrado por varios accionistas, siendo los principales de más allá del Océano. Audasa tiene 30 años por delante de explotación de la autopista y obviamente no va a renunciar, menos tras la reciente ampliación del puente que permite incrementar el tráfico. Pero hay algunos factores en el horizonte que pueden cambiar las cosas.
Uno, que el Gobierno rescató hace un par de años las fallidas autopistas radiales madrileñas -debido a la quiebra de las concesionarias- y reduce ahora el peaje en un 30 por ciento. 
Dos, que el Ejecutivo ha decidido convertir en autovías gratuitas las autopistas que finalizan su plazo de gestión privada. 
Y tres, que el juez ha aceptado a trámite la contundente demanda presentada por la Fiscalía de Pontevedra contra Audasa por el mal servicio ofrecido durante las obras de Rande y en los meses posteriores. Afecta a 90 millones de euros, que es mucho incluso para Itinere. Continuará...

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