No creo que Vigo deba liarse con debates internos que tienen solución en una mesa, pero así están las cosas y sólo la Autoridad Portuaria se ha librado de la primera línea de batalla. La explicación parece ser la buena sintonía personal entre los responsables portuario y municipal, hecho constatable. Motivos para bronca hay tanto o más que con otros organismos -la caída de tráficos, la huida de Maersk, el bajón en cruceros- pero por fortuna este flanco se ha quedado al margen. Lo que confirma que se trata de una cuestión de voluntad y que si hay interés, se pueden solventar incluso los más complejos contenciosos. Zona Franca es la nueva espita abierta para el choque. El consorcio supone para Vigo un auténtico privilegio en forma de inversiones millonarias que probablemente no ha sido aún tasado por la Muy Leal en su valor real. Pero Zona Franca no es una institución viguesa, sino una agencia del Estado que opera en Vigo. Que no es lo mismo, y como tal en última instancia se encuentra sujeta a las decisiones desde la cúpula de Hacienda, donde no les hará ninguna gracia las turbulencias viguesas. En Barcelona y Cádiz, donde hay Zona Franca, no las hay pese a sus dos singulares regidores.
