Acerca de la capitalidad, decía en este diario Alfonso Álvarez Gándara, el decano saliente de los abogados, que los vigueses no quieren tantas molestias y problemas como vendrían sino racionalidad. No puedo estar más de acuerdo, aunque con algún matiz. Vigo no tiene por qué ser capital si, como dice Gándara, se aplica la racionalidad. Pero la realidad dice que en todas las leyes de todos los gobiernos se crean servicios y dotaciones en función de las cabeceras de provincia, lo que lleva a que Vigo tenga que iniciar un largo proceso para conseguir de hecho lo que otras ciudades logran de derecho. Y eso significa gastar tiempo y dinero. El último caso ha sido la frustrada reforma de la Justicia, que a priori contemplaba la liquidación del partido judicial vigués. Era evidente que no iba a pasar, pero exigió movilizarse durante meses La solución es relativamente sencilla: una ley que fije la excepcionalidad viguesa. De hecho ya hay una, el Área Metropolitana, que el ayuntamiento de la Muy Leal, en un glorioso disparo en el propio pie, se niega a aplicar...
Pero hay otro apartado donde la capitalidad es decisiva: la imagen externa. Vigo desaparece bajo la provincia que lleva el nombre de otra ciudad. No es el mismo caso de Gijón, un municipio de Asturias. Los datos de producción o turismo que se generan desde Vigo se recogen como pontevedreses. Una situación inaceptable. También hay soluciones: cambiar el nombre del territorio (Pontevedra-Vigo o Rías Baixas son buenas opciones) o dividirlo. O finalmente aceptar el trastorno y trasladar a Vigo la cabecera.
