Con frecuencia se confunde el derecho a una muerte digna, a una muerte humana, con la eutanasia. La eutanasia es provocar la muerte de un enfermo cuando la medicina tiene como misión básica aliviar y curar a las personas.
En Francia no hace mucho se aprobó una ley sobre el fin de la vida que permite a los enfermos rechazar determinados tratamientos sin que se despenalice la eutanasia. Por una poderosa razón: no se puede despenalizar la muerte de una persona, sea con el argumento que sea. La Ley francesa permite rechazar un tratamiento inútil y esperar a que llegue la muerte, lo que es muy distinto a la eutanasia, porque en estos casos hay una acción que busca deliberadamente la muerte del enfermo.
La Ley gala acierta cuándo rechaza el llamado encarnizamiento terapéutico, que se produce, a juicio del legislador galo, cuándo los actos médicos resultan inútiles, desproporcionados, o no tienen más efecto que el mantenimiento superficial de la vida. En estos supuestos, dichos actos pueden ser suspendidos o no iniciados. Insisto, esto no es eutanasia porque no se busca de intento la muerte, que es la principal característica que define este delito.
También el legislador francés reconoce el derecho de un paciente terminal a rehusar determinados tratamientos. En estos casos, el médico debe respetar la voluntad de la persona después de haberle informado, claro está, del resultado de su decisión. A partir de este momento, entra en juego la medicina paliativa, que tan buenos resultados produce y que, sin embargo, tantas trabas burocráticas suscita en no pocos países.
La ley francesa admite la validez del documento en el que el paciente haya manifestado sus disposiciones para el caso en que no esté en condiciones de expresar su voluntad. Obviamente, este documento es revocable en cualquier momento y el médico ha de tenerlo en cuenta en relación con cualquier decisión médica.
También se plantea en la norma francesa la aguda cuestión del tratamiento del dolor con riesgo de abreviar la vida. Es decir, si el médico constata que no puede tratar el dolor de un enfermo en fase avanzada o terminal, antes de aplicar un tratamiento que como efecto secundario pueda abreviar la vida, debe informar al paciente y a la familia. Si el enfermo terminal está inconsciente, la decisión de interrumpir el tratamiento debe ser realizada en el marco de un procedimiento colegial, consultando a la familia. Es claro que la colegialidad y la participación de la familia impide cualquier decisión unilateral del médico para buscar la muerte del paciente.
El legislador francés, consciente de la necesidad de mejorar la sanidad y de contribuir al fin esencial de la medicina establece la laudable obligación de crear camas para cuidados cualitativos en los centros sanitarios. Es probable que con esta medida la demanda de eutanasia desaparezca o al menos disminuya en la medida en que existan unidades bien dotadas de cuidados paliativos.
La Cámara de Comunes británica acaba de rechazar en septiembre de este año por una amplísima mayoría, 330 votos contra 118, un proyecto de ley que pretendía legalizar el suicidio asistido bajo ciertas condiciones en Gales e Inglaterra. En mayo de este año el Parlamento escocés ya se había opuesto a una iniciativa semejante mientras que en Irlanda del Norte el Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión al reconocer la inexistencia del derecho al suicidio. Pues bien, tal proyecto de ley contradice el principio bioético de no hacer daño y la norma fundamental de la medicina consistente en que es preciso curar, intentar salvar a los pacientes, no promover, menos todavía asistir, el suicidio. Una ley de muerte asistida envía al enfermo terminal, decía el diputado tory Dominic Grieve, el mensaje de que quitarse la vida es una opción que debe considerar y algo que puede ser legítimamente promovido.
Mientras, en España, se cede a la presión mediática y política, y abandonando a los médicos a su suerte, los poderes públicos deciden “dejar” morir a la niña compostelana tras haberse constatado científicamente que lo más recomendable era continuar el tratamiento médico.
Las leyes de suicidio asistido encierran, dice Zara Aziz, una experta inglesa, la posibilidad real de la coacción –implícita o explícita- de que amigos, familiares e incluso profesionales sanitarios puedan ejercer influencia sobre los pacientes terminales cuándo son vistos como cargas. Frente a este peligro potencial, los pacientes deben tener el derecho, la confianza y la garantía de que los médicos están de su parte. Es más, el suicidio asistido no es una alternativa barata a unos cuidados paliativos de calidad.
