Opinión

El derecho al trabajo

El derecho al trabajo es uno de los más fundamentales derechos que tiene el ser humano. No sólo porque le permite vivir en dignas condiciones de vida sino porque es el medio adecuado para contribuir el progreso y desarrollo del mundo en el que habita. Ahora, con la crisis, hemos experimentado cambios y transformaciones bien relevantes en todo lo que se refiere a la lucha contra el desempleo y, desde una perspectiva positiva, a la implementación de medidas dirigidas a la creación de empleo.
El Estado social y democrático de Derecho proclama la efectividad de los derechos sociales fundamentales, entre los que se encuentra el derecho al trabajo en dignas condiciones. Sin embargo, con ocasión de la crisis, en lugar de afrontar los cambios que sean menester para fundar un nuevo orden económico, político y social sobre la dignidad humana, se prefiere incidir en cuestiones cuantitativas. Así, con frecuencia, se nos presenta como un gran logro que las cifras de desempleo se reducen, aunque sea a costa de trabajos en precario, de trabajos parciales en más que discutibles condiciones. Pareciera como si la crucial fuera presentar un palmarés o unas cifras positivas importando menos la realidad de esos trabajos que se crean en este tiempo.
Un buen ejemplo de tal realidad lo encontramos en España, por más que nos pese, en relación con los jóvenes profesionales, con las personas que acceden por vez primera a un puesto de trabajo. En efecto, según un reciente informe de la OCDE fruto de una encuesta entre jóvenes titulados (18 a 35 años), España es el segundo país de la UE dónde existen más becarios con graduación universitaria. Además, encabezamos el ranking de los países europeos en los que los becarios están peor pagados.  En efecto, el 67%  de nuestros jóvenes, según este estudio de la OCDE, hace prácticas laborales tras acabar los estudios, mientras que siete de cada diez no pueden cubrir sus necesidades básicas con los salarios que perciben
Hemos de preguntarnos si tal situación en un país como España es aceptable. Un país donde la brecha entre los salarios más altos y los más bajos aumenta peligrosamente. Un país en el que ordinariamente el empleo que se crea es de baja calidad y en el que las desigualdades crecen de forma preocupante. 
Tales constataciones revelan que es precisa una nueva forma de contemplar esta cuestión. Una cuestión bien compleja y difícil por supuesto que es muy fácil denunciar y muy difícil resolver. Una cuestión que debe ser objeto de reflexión entre todos los interlocutores sociales. Los empresarios deben saber que si promueven contratos en buenas condiciones laborales serán primados por el Estado. Si beneficiamos fiscalmente a quienes pueden hacer crecer el empleo en dignas condiciones, es más fácil que lo hagan.
En realidad, este tema nos invita a pensar con determinación que el orden económico, social y político del presente debe ser objeto de cambios y transformaciones de calado. Cambios y transformaciones que cuanto más tarden más difíciles serán de implementar y más fácil será la instalación entre nosotros del populismo. Ya lo estamos experimentando y no sabemos sus consecuencias. Momento es ya de que las reformas dejen de ser cosméticas y se planteen a fondo, en la educación, en la sanidad, en la política. Pero para eso es menester comprender que el orden político, social y económico ya no nos sirve y que debemos buscar nuevas fórmulas desde el pensamiento abierto plural, dinámico y complementario. 

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