Sólo puede haber una cosa peor en la vida que ver morir a un hijo: tener que pedir que le ayuden a morir. Es lo que les sucede a los padres de Andrea, una niña de 12 años con una enfermedad rara, degenerativa e irreversible, agravada desde el pasado mes de junio, que sobrevive gracias al soporte vital artificial. Los padres piden que se deje de alargar artificialmente su vida para evitarle un sufrimiento innecesario y cuentan con un informe favorable del Comité de Ética Asistencial de Galicia, pero el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, apelando también a la ética y a la ley, rechaza desconectarla.
Cabe suponer que en este espinoso debate no les mueve a los padres un instinto asesino proyectado hacia su hija ni los responsables hospitalarios actúan movidos por una voluntad sádica de prolongar el dolor en la pequeña paciente. Pero sus posturas enfrentadas evidencian que la regulación sobre el fin de la vida en nuestro país tiene insoportables territorios de indefinición. Galicia es una de las siete comunidades que han legislado sobre la muerte digna, pero aún no disponemos de una ley estatal que la regule y que proteja al paciente tanto de responsables sanitarios como de familiares que en ese momento crítico puedan decidir prolongar su sufrimiento contra su voluntad.
El siglo XX fue el del control de la natalidad. Pero ese acuerdo para respetar la voluntad de las madres para decidir sobre la concepción parece más difícil cuando se trata de decidir sobre la muerte propia en el caso de una enfermedad terminal. Quizás nos asusten las palabras. Para algunos la muerte asistida tiene tintes de suicidio, incluso de asesinato. Deberíamos, pues, cambiar los conceptos y dejar de hablar de muerte digna para sentar definitivamente las bases de una vida digna regulando, con precisión y máximas garantías, ese punto final que no puede estar teñido de innecesario sufrimiento.
